Sociedad

Gómez Mont, encargada de organización criminal: esto dijo Fiscalía

CDMX.- La tarde de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de siete personas, entre ellas, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, a quienes señalan como encargados de una organización criminal.

Por medio de un comunicado, explican las autoridades que en noviembre de 2019 iniciaron la investigación contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los acusan por probablemente coludir «para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos».

El modus operandi para esto eran «diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes».

Así, afirman que Víctor Manuel e Inés encabezaban la organización principal, que operaban con supuestos representantes de personas morales.

Durante la investigación, obtuvieron información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

Pero no hacían esto solos, ya que también mencionan que hubo participación de funcionarios, «los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales».

Los funcionarios que identificaron involucrados son los chihuahuenses Eduardo Guerrero y Jorge Nava, junto con Paulo «U», Emanuel «C» y Jesús «P».

Refieren en el caso de una de las empresas que intervinieron, que representaba Héctor «Z», él recibió más de 2,500 millones de pesos, con estos delitos.

En la investigación hay dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2,950 millones de pesos. Eduardo Guerrero es exdirector de Ceresos.

Gabriel «M» figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, establecen que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.

Finalmente, la FGR revela que obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.

En los casos de quienes huyeron del país, se obtuvo la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.