MÉXICO.- El juez federal Lino Román Quiroz concedió la libertad condicional y el pago de una deposito de garantía de 5 mil pesos a dos mandos militares cómplices de tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, cometida en Ayutla de los Libres, Guerrero, en 2002.
La representación de la víctima denunció que la diputada local del Estado de México (EdoMex), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Silvia Mata, esposa del implicado y exjefe de operación de los soldados que cometieron la violación, Raquel Méndez Hernández, presionó para que la jueza que dictó prisión preventiva contra los jefes militares turnara el caso a otro juzgado que los dejó en libertad.
Alertó que con la salida de los mandos castrenses la integridad física de Inés y sus testigos está en riesgo inminente por lo que solicitó al Estado garantizar su seguridad ante el fuero militar que prevalece en el país.
El allanamiento de morada, robo, violación y tortura sexual se cometió en la comunidad Barranca Tecoani, del municipio de Ayutla, el 22 de marzo de 2002, por soldados que integraban el batallón de la base de “Operaciones Méndez”, coordinadas por el subteniente Raquel Méndez Hernández y su subalterno, el sargento, Andrés Sosa Zepeda.
Era un tiempo de militarización en comunidades de la Costa Chica y Montaña tras la masacre de 11 campesinos en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, perpetrada el 7 de junio de 1988 por elementos del Ejército.
Continuaba la estrategia contrainsurgente para ubicar a gente que el Estado consideraba pertenecía a la guerrilla o que militaba en organizaciones sociales.
Al menos 11 integrantes del 41 Batallón de Infantería de Operaciones Méndez irrumpieron empuñando sus armas a la vivienda de Inés y su esposo Fortunato. En su patio había carne seca de res tendida en un mecate.
Los interrogaron sobre la procedencia de la carne, para qué la ocupaban y a quién le daban de comer, además les preguntaron nombres de personas que decían eran de la guerrilla. Después vinieron las agresiones físicas contra la familia y sexual en agravio de Inés.
El subteniente Raquel Méndez y el sargento de infantería Andrés Sosa fueron testigos del ataque y la tortura.
El caso fue llevado por la Organización de Pueblo Indígena Tlapaneco/Me´paa (OPIT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que las instancias judiciales en México desdeñaron la denuncia y la justicia militar determinará que no había culpabilidad de los soldados y tachara a Inés de mentirosa.
La CIDH turnó el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) que el 30 de agosto de 2010 sentenció al Estado Mexicano por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército y exigió una investigación contra los militares que cometieron la “tortura sexual”.
El 2013 fueron detenidos Juan Humberto García de León, que participó directamente en el delito, y Salvador Aguilar Otañez, quien apuntó con su arma a Inés y la jaló de las manos.
Juan Humberto fue sentenciado a 28 años y ocho meses de prisión; permanece recluido en la cárcel del Campo Militar Número 1 militar de la Ciudad de México.
Salvador Aguilar, murió de manera misteriosa en el 2017 tras una supuesta riña dentro de la cárcel militar. Este fue el único que aceptó que un grupo de militares acudió a Barranca Tecoani.
El jefe de operación y militar activo, Raquel Méndez, fue detenido el 1 de noviembre de 2025 y el 7 del mismo mes se le dictó auto de formal prisión por el delito de tortura sexual.
Mientras que Andrés Sosa, militar retirado, fue aprehendido el 1 de febrero último y el día 7 se le dictó prisión preventiva por el mismo delito.
La juez del Sexto Distrito con sede en Acapulco, Nallely Urbano Juárez determinó prisión preventiva oficiosa para los dos militares argumentando que el delito es considerado grave en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Consultado, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de la víctima, Rogelio Teliz García, aseguró que desde la detención del ex jefe de operación Raquel Méndez, su esposa, la diputada local del EdoMex, Miriam Silvia Mata, presionó a la juez.
“La esposa de este señor, diputada local del Estado de México, va a encarar a la jueza y le dice que es una inepta, que no conoce, por algunos acuerdos que no le han favorecido. No le parecían gratas las determinaciones y la trataba de manera déspota. Finalmente, la juez del Sexta Distrito presentó una excusa para seguir conociendo de este asunto”, afirmó.
El caso fue enviado al Juzgado Octavo de Distrito, también de Acapulco, con el juez Lino Román Quiroz, que de inmediato dictó un acuerdo de admisión el 9 de marzo de 2026.
El juez además dijo en el documento que tenía que garantizar el derecho de los acusados y citó para el 18 de marzo a una audiencia de debates de la medida cautelar.
En el acuerdo, el juez de manera parcial prejuzgó el cambio de medida cautelar y adelantó que los militares iban a salir en libertad, indicó el abogado de Tlachinollan.
“El juez de manera oficiosa, sin que nadie se lo pidiera, dice ‘bueno vamos a llamar a audiencia porque considero que se están violando los derechos humanos’ de los militares”.
En la audiencia al abogado, representante de la víctima, no le permitieron debatir sobre el cambio de la medida, pero al final manifestó que el asunto deriva de una sentencia de la Corte IDH que determinó tortura sexual de la que Raquel y Andrés son coautores del delito por complicidad.
Además, si amerita la prisión preventiva oficiosa para los militares porque es un tema de tortura sexual, considerado delito grave en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El juez Román Quiroz dictó dos nuevas medidas:
Primero cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad condicional, con los requerimientos menos lesivos para los acusados:
Firmar cada mes en el juzgado, pero con la facilidad de que lo hagan en el lugar donde actualmente radican.
En el caso de Raquel Méndez que trabaja en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el juez le sugirió que si así lo pide su abogado puede firmar en esa ciudad del norte del país.
Y a Andrés Sosa Zepeda, jubilado y radicado en Veracruz, de igual forma se le dio la facilidad de firmar en su entidad de residencia.
“El juez fue más allá, fue muy parcial, con una tendencia hacía los militares y les dijo, están todas las facilidades. ‘Ya te dije que vas hacer y de mí no te preocupes’”.
La segunda medida para los militares fue el depósito de 5 mil pesos.
“Es una burla, cuando en el contexto de los hechos ellos estuvieron a cargo de la base de operaciones Méndez y que sus elementos Salvador y Hugo Humberto ejecutaron la violación sexual a Inés”, expresó el abogado de Tlachinollan.
Este lunes 23 de marzo, la representación de Inés Fernández va a impugnar la resolución en un tribunal colegiado de apelación, en el mismo Juzgado Octavo de Distrito.
El defensor Rogelio Tellez advirtió que existe una preocupación muy fuerte en el sentido de que en México prevalece el fuero militar.
“Con esta resolución el fuero militar sigue teniendo la misma fuerza que ha tenido desde hace años y no tuvo ningún cambio con las sentencias que emitieron en contra del Estado mexicano como la de la propia Inés, de Valentina Rosendo o de Rosendo Radilla”.
Aseguró que hay temor y preocupación de que a través de terceras personas que manden los militares le puedan causar un daño a doña Inés para no continuar el proceso y quede impune.
Llamó al Estado a garantizar la seguridad de Inés y sus testigos porque hay un riesgo inminente de que con la salida de los militares se ponga en riesgo su integridad física.