CHIHUAHUA.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI confirmó la expulsión de las filas del partido al ex gobernador César Duarte Jáquez, despúes de que el ex mandatario envió una carta en la cual alegaba su inocencia.
El abogado de César Duarte confirmó que el exgobernador de Chihuahua envió una carta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para no ser expulsado hasta que haya una resolución.
?En entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula, el abogado indicó que lo que el ex mandatario solicita es que esperen hasta que haya una resolución firme con tribunales competentes y que si César Duarte es culpable se inicie un proceso de expulsión.
“Lo que el licenciado César Duarte está solicitando es que esperen que haya una resolución firme con tribunales competentes y que si César Duarte es culpable ahora sí que se inicie con el proceso de expulsión”, dijo en entrevista.
El abogado también dijo que a César Duarte se le atribuyen conductas consideradas como delito que se le denomina peculado, pero que los recursos que se le han imputado no los tiene.
Al ser cuestionado sobre el paradero Duarte, el abogado dijo que no sabía dónde se encontraba, pero que ha mantenido comunicación con él para su defensa.
“Lo ha hecho con los mecanismos que la ley previene a través de distintas demandas de amparo y controversias”, indicó el abogado.
Luego que el Tribunal Electoral determinara que se incumplió por parte del PRI el procedimiento para solicitar la expulsión del ex gobernador, se regresó a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI la cual llamó a comparecer a César Duarte.
Se determina que el ciudadano César Horacio Duarte Jáquez cometió faltas de probidad en el ejercicio de sus funciones públicas durante su mandato como gobernador del estado de Chihuahua, asimismo se comenta que ha quedado acreditado con la imposición de sanciones a los infractores de la normativa interna que se pretende salvaguardar a futuro, la unidad, el prestigio, la representatividad y el patrimonio del partido se dejan a salvo los derechos políticos electorales para que pueda ejercerlos fuera del partido a política o la vía independiente.
La amonestación se basa en el artículo 61 los estatutos del PRI, donde prevé las obligaciones de todo militante y los documentos básicos, pues se establece que el denunciado conocía previo a la infracción de los mismos y sus consecuencias legales, “aun así decidió infringirlos… es obligación de los militantes mantener una conducta de honorabilidad y vocación que contribuya a dignificar al partido sobre todo cuando se trata de servidores públicos o cargos de elección popular”.
Finalmente se queda clarificado que el denunciado cometió una infracción a la normatividad del partido en su conducta, al contravenir la normativa del Instituto Político al haber afectado su imagen como servidor público y tuvo un cargo en el desarrollo de la función pública.
