Poco a poco se va derrumbando ese castillo de arena, cimentado sobre tierra compactada con la saliva de tantos discursos huecos emitidos por una clase política que nos vino a hablar del empoderamiento de las instituciones, de autonomía y de respeto a la separación de poderes, pero en la práctica les resultó más sencillo protagonizar polémicas, levantar polvaredas y auspiciar cortinas de humo en temas de importancia para el estado, que sostener sus dichos o cumplir compromisos contraídos con la gente.
La crisis que actualmente se vive en el Poder Judicial del estado, no es otra cosa que la consecuencia de una violación directa a la autonomía de las instituciones, a la intervención descarada del Ejecutivo en asuntos propios del Tribunal Superior de Justicia del Estado; primero, con el desmantelamiento de la presidencia del TSJE y la conformación de otra mesa directiva a modo, con la imposición de miembros del Consejo de la Judicatura y de todo el aparato judicial, y con un sinnúmero de intromisiones no únicamente en la cuestión administrativa sino que la mano de Palacio de Gobierno ha llegado a lo más profundo, se involucra en casos por demás conocidos y barajea todo tipo de triquiñuelas para imponer su voluntad; ha hecho del Poder Judicial una extensión del Ejecutivo, un criado que responde según sus necesidades.
La bronca más reciente y quizá la prueba fehaciente que descubra la red de corrupción y tráfico de influencias dirigido desde Palacio de Gobierno, es la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el abogado Jesús Joaquín Sotelo Mesta, en contra de la designación de 56 jueces y 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia a cargo de la consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro Rodríguez. De la cantidad y calidad de las pruebas presentadas por el litigante nadie podrá decir nada, Sotelo Mesta también es a su vez miembro del Consejo de la Judicatura y conoce de primera mano el proceso de selección llevado a cabo en el 2018, así como la intención de quienes lo aplicaron, que no fue precisamente la de elegir a los mejores jueces y magistrados.
A casi un año (9, 10 y 11 de mayo del 2018) de la realización de exámenes de oposición para la designación de los juzgadores sale a relucir con detalle la opacidad en que el proceso fue desarrollado y ocultados los resultados por la propia encargada de este ejercicio: Luz Estela Castro, mejor conocida como Lucha Castro, operadora y fiel servidora del gobernador Javier Corral en el Poder Judicial (incluso en el Congreso del Estado y otras áreas del servicio público), y por “coincidencia”, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura.
A Lucha Castro se le reconoce públicamente por operar cada movimiento de personal de cierto nivel en todo el aparato judicial en el estado, cuidando siempre los intereses de su jefe el gobernador, quitando y poniendo a su antojo, amenazando y desplazando cuando es menester. Tan temida como aborrecida en el gobierno estatal, sobretodo en el Tribunal Superior de Justicia, donde no se mueve nadie sin que ella reclame su permiso.
Ella se burla en lo privado de quienes desde el interior del Poder Judicial la señalan y evidencian su burda operación, puesto que se sabe protegida y respaldada en sus excesos por el gobernador Javier Corral, quién rechaza como a insignificante bicho parado sobre su hombro cada queja en contra de la malquerida funcionaria estatal.
Ahora se sabe que cuidó el proceso de selección desde el principio, pero no tanto, porque poco a poco se han ido descubriendo los errores de un plan perverso, que incluye a personajes relacionados al gobernador y que ahora ocupan las salas de al menos una decena de juzgados.
La cuestión del por qué Castro Rodríguez eligió un sistema foráneo (Universidad Iberoamericana) para hacer la evaluación y no uno propio, el del Instituto de Formación Judicial del Estado, o incluso el sistema de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no ha sido respondida. Las dudas fueron abriendo brecha en la ruta de la desconfianza.
De acuerdo al relato del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo, el coordinador general de Tecnologías de la Información de la UACH, aseguró que la unidad a su cargo manifestó su disposición en todo momento para llevar a cabo el mencionado examen, dando a conocer su capacidad técnica y del espacio adecuado para aplicarlo los días que habían sido solicitados. Aseguraron que ciertamente les habían pedido ese apoyo, ellos les dijeron a los enviados de Lucha Castro que lo podían hacer, pero ya no volvieron a comunicarse para el caso, sólo para solicitarles el espacio y las máquinas para que los participantes pudieran aplicar el diagnóstico.
Lo curioso del asunto es que el sistema solicitado a la UACH ya había sido utilizado en un proceso de selección anterior por el propio tribunal y por lo tanto sabían de su capacidad, pero también de las condiciones de transparencia que guardan las políticas del área de Tecnologías de la Información de la UACH, que a decir de sus propio titular, los procesos son completamente auditables y transparentes, garantizando con ello el objetivo de sus funciones. Así que la titular de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, prefirió tomar otra opción, más discreta, menos abierta al escrutinio público, que tendría como consecuencia evidente, que se supiera los resultados reales de los exámenes.
También intervino personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero sólo en la aplicación del diagnóstico, ellos operaron solamente el sistema de la Ibero, y por instrucciones de Lucha Castro no podían quedarse con la información obtenida. En pocas palabras, el personal de la UACJ y las instalaciones de la UACH, se utilizaron en esta selección nomás para taparle el ojo al macho, el sistema para la evaluación real era de una institución privada y cuyos servicios no están obligados a ventilar, como sí es el caso de las dos anteriores.
La muestra más evidente de que el proceso fue manipulado con la intención de colocar a jueces y magistrados que sirvieran a los propósitos de Palacio de Gobierno, es que a la hora de que los demás miembros del Consejo de la Judicatura solicitan los resultados de las evaluaciones, o en su defecto, el acta del fedatario que constatara su realización, no estaban, “¡desaparecieron!”.
Todo el material, producto de las evaluaciones fue entregado a Lucha Castro, pero ella en este momento hace su mejor esfuerzo por fingir demencia. Las actas que darían fe de que los exámenes para la selección de 56 jueces y 7 magistrados, mañosamente no se levantaron los días de la aplicación. Todo había sido preparado para favorecer a cierto número de aspirantes, y de rechazar a otros con los méritos y trayectoria suficiente. Una verdadera depravación del sistema de selección de los juzgadores en el estado, un modelo de corrupción del sistema de justicia en la entidad.
La figura central de este ignominioso capítulo de la historia del Poder Judicial de Chihuahua, continúa riéndose de los 88 aspirantes a una de las magistraturas y de 451 candidatos a un juzgado que quedaron fuera de la selección, no por su falta de capacidad y conocimientos sobre el cargo por el cual compitieron el año pasado, que quede claro, sino por la maniobra de la principal operadora del gobernador en el Poder Judicial, quien echó por la borda lo poco que quedaba de credibilidad en los procesos de selección de este tipo y acabó por sepultar la dignidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tan manoseado y humillado por quienes juraban que en esta administración las instituciones serían libres, independientes de las decisiones del Ejecutivo estatal, pero resultó todo lo contrario, ahora más que nunca las instituciones en el estado de Chihuahua adolecen de autonomía y rebozan de autoritarismo. La salida inmediata de Lucha Castro de Poder Judicial es lo menos que podría esperarse, en reacción a esta sucia operación.
