CHIHUAHUA.- Organizaciones sociales nacionales e internacionales denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente por militares y autoridades civiles contra más de un centenar de víctimas durante el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh).
De acuerdo con la investigación presentada a la CPI, “integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad”.
En un documento dirigido a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Red “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Renacer Lagunero, así como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, sumaron una solicitud más de intervención del organismo internacional en México, luego de que en años anteriores se han presentado diversas comunicaciones, entre ellas otras dos relacionadas con violaciones graves cometidas en Baja California y Coahuila, durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Entre los crímenes atroces identificados en el periodo de 2008 a 2010 en Chihuahua, las organizaciones señalaron asesinatos, torturas, privaciones de la libertad física, violación, tortura sexual y desapariciones forzadas.
“Los casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil”, señalaron las organizaciones.
También señalaron que pudieron confirmar el uso de recursos públicos “para cometer crímenes”, como lo es la disposición de “vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones castrenses como recinto para tortura a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”.
Luego explicaron que, para presentar la comunicación a la Fiscalía de la CPI, analizaron 35 casos que representan 121 víctimas directas, quienes sufrieron abusos durante la primera fase del OCCh por elementos militares, sin que hasta ahora los responsables de los hechos hayan sido procesados.
Para las organizaciones que participaron en la elaboración del informe entregado a la CPI, los hechos registrados en Chihuahua, así como la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI), demuestran que “en México no hay ni voluntad ni capacidad para llevar a juicio a los responsables” del crecimiento exponencial de violaciones a derechos humanos que se cometen como resultado de “la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia para hacer frente a las organizaciones criminales”.
