A unos meses de que arranque la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explicó que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo.

El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como proteger la información personal y prevenir ciberdelitos.

¿Cómo identificar una falsa oferta de trabajo?
Las autoridades de seguridad explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.

Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

Recomendaciones para evitar caer en ofertas falsas de empleo durante el Mundial 2026
Entre las recomendaciones que las autoridades federales y locales emitieron para prevenir este tipo de delitos se encuentran:

Investigar la empresa que ofrece el empleo
Desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación
Evitar ofertas demasiado atractivas, sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia
No realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites
No compartir documentos personales (identificación oficial, comprobantes de domicilio o datos bancarios) sin verificar la legitimidad del empleador
Desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas
Verificar que el lugar de trabajo exista en mapas, registros comerciales o acudir personalmente antes de aceptar
Compartir la información con alguien de confianza, incluyendo datos del empleador y ubicación
No acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, así como evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados
Seguir las recomendaciones de autoridades de seguridad y consultar campañas de prevención relacionadas con eventos masivos
En caso de que sospeches de alguna oferta laboral falsa, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC de la CDMX, quien puso a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como sus cuentas oficiales en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

MÉXICO.- Durante 2025 ingresaron a México al menos 15 mil 172 niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban solos, de acuerdo con la Unidad Política Migratoria (UPM) del gobierno federal.

Estados Unidos es el destino principal de los menores de edad que se ven obligados a abandonar su país de origen, donde en la mayoría de los casos se deriva de una decisión de los padres o familiares con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida.

Durante su desplazamiento los pequeños migrantes se enfrentan a situaciones de discriminación, exclusión, explotación, trata y violencia sexual.

La intensificación de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump ha sumado riesgos como las detenciones arbitrarias, inaplicabilidad de los protocolos y tratados internacionales para la protección de menores de edad e incluso la denegación del derecho de asilo dejando a la intemperie sus derechos humanos.

Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó el “Informe comparativo sobre los sistemas nacionales de protección para infantes y adolescentes en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y el Salvador”.

La Redim, mediante el proyecto regional REDES, destaca la importancia de construir mecanismos que prevengan, acompañen y protejan a los menores de edad.

Entre los hallazgos “positivos” se confirmó que, desde 1990, las cuatro naciones están alineadas con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo que ha permitido el desarrollo de políticas y protocolos enfocados en infancias y adolescencias en contextos de movilidad.

En el caso de México se cuenta con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA), así como la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.

Si bien es importante la existencia de estas normativas gubernamentales, también se deben tener instituciones encargadas de llevar a cabo dichos instrumentos.

Como máxima autoridad, en México está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

También cuenta con el Sistema de coordinación interinstitucional y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

También opera el Instituto Nacional de Migración (INM) y prevé el reconocimiento de la condición de refugio y protección internacional mediante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Además, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Debilidad institucional
Sin embargo, en estas instancias los niños y adolescentes tienen una participación limitada y esporádica.

Aunque todas las instituciones están obligadas a evaluar las políticas públicas, el informe identificó que no se puede confirmar si los ejercicios de monitoreo realmente supervisan, si se considera la opinión del propio niño o adolescente al momento de establecer las medidas de protección.

A ello se suma la falta de evaluación del cumplimiento de los planes de restitución de derecho, así como la dirección del financiamiento, ya que se queda en aspectos operativos, en lugar de ser invertido en programas para garantizar la protección de los pequeños migrantes.

En relación con los registros sobre este contexto, se identificó que la mayor parte de la recopilación de datos se enfoca únicamente en cuestiones de gestión fronteriza y seguridad nacional, sin tomar en cuenta información sobre su situación familiar o alguna necesidad de salud, lo que genera una brecha al momento de crear políticas públicas.

Recomendaciones
El proyecto regional REDES, junto con Redim, enlista una serie de recomendaciones para orientar a los sistemas nacionales de protección de niños y adolescentes en México tomando en cuenta el desarrollo del modelo transnacional de protección.

Reforzar el liderazgo de Sipinna.
Fortalecer coordinación con países de origen.
Garantizar estabilidad institucional.
Reforzar mecanismo de identificación de perfiles de infantes y adolescentes en contexto de movilidad.
Convocar la reunión del Sipinna Nacional en este año.
Asignar presupuestos específicos para cumplir con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asegurar seguimiento integral y coordinado a los planes de restitución de derechos a mediano y largo plazo.
Promover la generación de datos desagregados y la interoperabilidad de los sistemas de información.

MÉXICO.- Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ-Casa del Pueblo, dejó un saldo preliminar no confirmado de seis personas fallecidas y varios heridos, de acuerdo con pobladores de la región.

Los hechos ocurrieron entre los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, donde comunidades indígenas tsotsiles mantienen sistemas de organización y control territorial. Versiones de habitantes señalan que el conflicto inició cuando sujetos armados, presuntamente provenientes del ejido Nuevo León, en el municipio de Teopisca, ingresaron a Nicolás Ruiz a bordo de vehículos y abrieron fuego en un punto de control comunitario.

De acuerdo con fuentes locales, en ese primer enfrentamiento habrían muerto dos personas y otras dos resultaron heridas. Posteriormente, los agresores se dirigieron hacia Venustiano Carranza, donde se toparon con bloqueo instalado por comuneros de la Casa del Pueblo.

“En una de las entradas los dejaron pasar, pero en otra hubo resistencia y se desató un enfrentamiento”, relataron pobladores. Según estas versiones, el saldo sería de al menos diez personas fallecidas: seis presuntos delincuentes y cuatro comuneros, además de varios lesionados.

La Fiscalía General del Estado informó que, hasta la noche de viernes, no contaba con una cifra oficial de víctimas mortales, ya que se encuentran haciendo las diligencias.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó únicamente la atención médica de seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social Rural de Venustiano Carranza. “Cuatro están estables y dos están siendo atendidos de forma oportuna”, detalló.

El mandatario explicó que los comuneros de Nicolás Ruiz detectaron un vehículo sospechoso que abrió fuego en un punto de control ejidal, lo que provocó la reacción inmediata de la organización comunitaria para proteger a la población.

En redes sociales circularon videos que muestran momentos del enfrentamiento, así como imágenes de personas armadas y cuerpos tendidos en el suelo. En algunos materiales también se observan disparos y escenas de alta violencia, aunque su autenticidad no ha sido verificada por autoridades.

Además, audios difundidos por aplicaciones de mensajería evidencian llamados urgentes de pobladores solicitando refuerzos armados ante la magnitud del conflicto.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional y la VII Región Militar, desplegaron un operativo en la zona. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Pueblo para vigilar el área.

“El objetivo es restablecer el orden, proteger la integridad de las familias y prevenir nuevos incidentes”, señalaron autoridades en un comunicado.