MÉXICO.- La vista es privilegiada desde el jardín de la mansión ubicada en el número 323 de Amelia Drive, en esta ciudad: se admira el valle que termina en los linderos de Ciudad Juárez, Chihuahua. La casa, con un valor aproximado de dos millones y medio de dólares, es refugio de César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, acusado de 11 delitos y ahora fugitivo.
Su aprehensión por agentes estadunidenses podría ocurrir en cualquier momento, pues “tres solicitudes de extradición para César Horacio Duarte Jáquez fueron entregadas a los departamentos de Estado y de Justicia el 31 de enero de 2018”. Además, el gobierno mexicano presentó “dos solicitudes adicionales en la embajada, el pasado 2 febrero, y serán entregadas el próximo lunes 12, habiendo concluido la formalización de la solicitud y su respectiva traducción”, explica por escrito a Proceso y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la embajada de México en Washington.
El sábado 3, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al tiempo que anunció la liberación de recursos para el estado de Chihuahua, en reunión con el gobernador Javier Corral aseguró que pediría a las autoridades estadunidenses acelerar la captura de Duarte.
El funcionario dijo: “La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte, con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia”.
La captura de Duarte, quien presuntamente robó alrededor de 6 mil millones de pesos de las arcas de Chihuahua, no representaría ningún problema para el gobierno estadunidense, que debe tener bien ubicados al exgobernador y a sus familiares cercanos que viven en Estados Unidos, sobre todo los que están en Texas.
Desde que presuntamente saqueó las arcas de Chihuahua –según las acusaciones en su contra hechas por Javier Corral Jurado–, en cuanto dejó el poder se trasladó a El Paso y comenzó los trámites para volverse residente de Estados Unidos.
Como lo reportó el pasado 21 de diciembre el diario estadunidense The New York Times –en un reportaje firmado por el corresponsal de Proceso en Washington y por el de ese rotativo en México, Azam Ahmed–, el exgobernador priista inició, por conducto de una de sus hijas (cuyo nombre mantienen en reserva las autoridades), nacida en Estados Unidos, el trámite para obtener la residencia permanente.
Como solicitante de la tarjeta verde, Duarte Jáquez tuvo que darle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una dirección y un número de teléfono.
José Pertierra, uno de los abogados especializados en migración más reconocidos por las autoridades estadunidenses, explica a Proceso, con qué facilidad el gobierno de Donald Trump podría aprehender a César Duarte.
“Como arranque del proceso de solicitud de residencia permanente, se tiene que llenar la forma Visa I–130, en la que el ICE exige como requisito inapelable el nombre completo, dirección y teléfono del peticionario (la hija del exgobernador) y del beneficiario (Duarte Jáquez)”, dice.
El segundo paso del proceso, si se aprueba el primero, consiste en que el beneficiario acuda a un centro migratorio para que le tomen las huellas dactilares y los datos biométricos. Ahí nuevamente le piden una dirección y un número de teléfono, o que confirme los que ya había dado.
“Si por alguna razón cambia de dirección o número de teléfono, el beneficiario tiene que notificar a las autoridades migratorias de esto por medio de la forma AR11. Es decir que el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente dónde se encuentra exactamente un solicitante de residencia permanente”, destaca Pertierra.
Ante la solicitud de arresto con fines de extradición que entregó el gobierno de Peña Nieto al de Trump, Jáquez bien podría haber abandonado ya Estados Unidos, con lo cual pondría en riesgo a su hija.
Pertierra lo pone así: “De buscarlo los agentes federales en la dirección que entregó a ICE, y al no encontrarlo, irían a la dirección del peticionario. Si se niega a dar la ubicación del fugitivo, el peticionario incurre en el delito de obstrucción de la justicia, porque al momento de que se busca al beneficiario cuando un gobierno extranjero lo solicita en extradición, se le cataloga como ‘inmigrante indocumentado’ y ocultar el paradero de él es otro delito, el de tráfico de personas, que puede ser castigado con entre 15 y 20 años de prisión”.
Según el protocolo del acuerdo binacional de extradición, después de que el gobierno mexicano entregó al Departamento de Estado la solicitud de arresto con fines de extradición de Duarte Jáquez, esa instancia debe transmitirla al Departamento de Justicia, que al recibirla tendría que declarar “delincuente” a Duarte y pedir a una corte federal una orden de captura. Cuando ésta se libra, se procede a la aprehensión.
Por el trámite migratorio en el que está Duarte Jáquez, tendrá que pedírsele que de manera voluntaria se presente ante las autoridades migratorias. El procedimiento indica que, de no hacerlo, se procede a la captura, y cuando ésta se logra el delincuente es enviado a una prisión federal hasta que se les entrega a las autoridades mexicanas.
