CHIHUAHUA.- César Jiménez presidente del TSJE, afirmó que Fiscalía quiso acreditar la posesión de armas y de vehículo con reporte de robo, posterior a la detención de los sicarios en Namiquipa, lo cual es ilegal.

Jiménez Castro culpó a la Fiscalía de la mala integración y acreditación de los delitos, por lo que no le dio elementos al juez para decretar la legal detención y posteriormente la vinculación a proceso de los sicarios de Namiquipa, que previamente, enfrentaron a balazos a agentes de la Policía Federal.

“El reporte de la Policía que presentó no ayuda para nada, pues dice que la Policía Estatal actuó en auxilio a la policía Federal, la que registró el enfrentamiento, cuando llegaron los agentes estatales, los reconocieron y los arrestaron, pero no pudieron acreditar, ni aludieron (en la carpeta) que su detención fue en auxilio a la Policía Federal”, dijo.

Por lo anterior, la Fiscalía no vinculó ni las armas de grueso calibre, ni los vehículos con reporte de robo con los detenidos, e incluso, trato hacerlo después de su detención, por lo que el juez no pudo vincular a estas personas.

“La detención fue ilegal porque no había causa específica para ver y detener a los sicarios, después de la detención fue cuando vieron que tenían armas de grueso calibre, armas y droga, todo fue posterior a la detención”, puntualizó Jiménez Castro.

CHIHUAHUA.- El Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos por la probable comisión de delitos electorales por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y otros servidores públicos de esa entidad.

Sostuvo que el uso ilícito de recursos públicos constituye la comisión de delitos electorales, como la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral federal, al desplegar una campaña de desprestigio contra el PRI y para beneficiar al PAN.

La denuncia fue presentada hoy en la FEPADE por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor Badilla.

También participaron en esta acción el Secretario de Operación Política del CEN del PRI, Héctor Gómez Barraza; el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, senador Ernesto Gándara Camou; y el Presidente del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”, Paul Ospital.

Pastor Badilla pidió al nuevo titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaño, refrendar su compromiso de actuar con imparcialidad y llegar hasta las últimas consecuencias, aplicando las sanciones correspondientes.

“Ciertamente, el gobernador del estado de Chihuahua se encuentra realizando actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales.

“Como es del conocimiento generalizado, Javier Corral ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación, con el objeto de desprestigiar al PRI”, puntualizó.

La representante del PRI ante el INE señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Añadió que la sanción correspondiente marcada en la ley consiste en la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

El Congreso del Estado en su Sesión Solemne de apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, con todos los diputados presentes recibió el informe del gobernador Javier Corral Jurado. Al evento asistieron los diputados estatales, federales, magistrados del estado, representantes sindicales y medios de comunicación.

En la entrega de los informes de gobernadores es común que cada partido de su posicionamiento ante el informe así como mensaje del gobernador, en esta ocasión no paso así, solamente fue la entrega del informe, la entrega a los diputados es importante pues ellos representan a los ciudadanos.

El informe lo recibió personalmente la presidenta del Congreso del Estado, la diputada del PRI, Diana Karina Velázquez, después de esto y durante 30 días los diputados someterán análisis de este informe para después poder emitir opinión y resolución de este.