MÉXICO.- “Dijeron que sabían quién era yo y dónde vivía”, recordó Alberto Arredondo, un técnico de bombeo que recibió la llamada telefónica en su trabajo, una refinería de petróleo en Salamanca. “Querían información”.
Al principio, Arredondo colgó. “Pero fueron insistentes”, dijo, llamando de nuevo y exigiendo detalles sobre cuándo se bombearían los combustibles y a través de qué ductos.
Durante los siguientes dos años, dijo Arredondo, fue perseguido, secuestrado, golpeado con una pistola y apuñalado tan severamente que los cirujanos le extirparon la vesícula biliar. En diciembre del 2016 se fue a Canadá, donde busca asilo huyendo de las pandillas que roban combustible de Salamanca y otras cinco refinerías operadas por Pemex.
El robo de combustible se está convirtiendo en uno de los dilemas económicos y de seguridad más acuciantes de México, que socava más de mil millones de dólares en ingresos anuales del Estado, aterroriza a empleados y frena la inversión privada en refinerías que el Gobierno esperaba que estuvieran prosperando con capital extranjero.
Debido a la campaña del Gobierno contra los narcotraficantes en los últimos años, los cárteles de la droga mexicanos se han fragmentado y están sedientos de nuevas fuentes de ingresos.
Ahora, su papel cada vez más dominante como ladrones de combustible enfrenta cara a cara a dos de los negocios más grandes en el país: las drogas y el petróleo.
Los cárteles, que el Gobierno estima generan más de 2 mil millones de dólares al año, son una amenaza creciente para Pemex, que en 2016 tuvo ingresos cercanos a 52 mil millones de dólares y genera casi una quinta parte de los del Gobierno.








