CHIHUAHUA.- Fernando Robles Velasco coordinador jurídico de la secretaría de educación, acompañado de Alfredo Atolini y Manuel Arias, quienes recientemente fueron acusados por el ex titular de servicio profesional docente Alfredo Chávez Ruíz por cometer ilícitos en la asignación de plazas, aseguraron que no fue así aunque si se autorizaron fuera de la lista de prelación es con un criterio que permite al estado hacerlo.
Manuel Arias, quien se desempeña como director general de servicios educativos del estado (seech), detalló que si constató la entrega de más de 400 plazas pero, no como lo acusó Ruiz.
“Podría describir cada una de las 429 plazas asignadas, porque sí es cierto que Seech hizo la asignación, lo que no es cierto es que se asignaron de manera irregular y me sustento en base a lo establecido en el artículo 23 fracción dos”, comentó Arias.
Por lo anterior detalló que, desde el mes de agosto se notificaron solo 4 criterios obligatorios para asignarlas, el resto especificaba que era a criterio de la institución correspondiente tomando en cuenta que podía ser a personal no evaluado, por lo que descartaron a los que no resultaron edoneos es decir, quienes ya habían participado y por así decirlo, reprobaron.
En relación a las plazas autorizadas por parte del estado, Alfredo Atolini, administrador de la secretaría de educación argumentó que, entregaron 381 plazas fuera de lista de prelación pero, porque la ley así se lo permite hacerlo, con el único requisito de que sean aptos para el lugar que los maestros solicitaron.
Asimismo reiteraron que, las acusaciones de Chávez Ruíz desde su criterio son falsas, por lo que desconocen a que se deba su denuncia y el porque esperar hasta que fue suspendido de su labor como titular del servicio profesional docente para exponer irregularidades.
Finalmente Fernando Robles, aseguró que a pesar de la explicación de Arias y Atolini, atenderán la denuncia, realizando una investigación en el proceso de entrega de recepción de documentos durante los próximos 30 días, de encontrar alguna irregularidad lo notificarán a la función pública y la auditoría de la secretaría de educación y deporte.
