MÉXICO.- Los nueve partidos políticos con registro a nivel nacional y los candidatos independientes recibirán en conjunto 6 mil 788 millones de pesos de financiamiento público para 2018, aprobó hoy la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el portal del INE, éste es el mayor financiamiento que han recibido los partidos en toda la historia, incluyendo años con elección federal.

Por ejemplo, en el 2000 se repartieron 3 mil 064 millones; en el 2003, 4 mil 823 millones; en el 2006, 4 mil 171 millones; en 2009, 3 mil 631 millones; en 2012, 5 mil 142 millones, y en 2015, 5 mil 199 millones de pesos.

Aunque el anteproyecto del financiamiento aún tendrá que ser ratificado por el Consejo General del organismo, el monto de los recursos que reciben los partidos no puede ser modificado, ya que su cálculo está blindado por la Constitución.

En sesión, la Comisión de Prerrogativas avaló que de los 6 mil 788 millones de pesos, un total de 2 mil 148 millones serán para los gastos de las campañas electorales del próximo año.

El resto del dinero está repartido de la siguiente manera: 4 mil 296 millones para actividades ordinarias, 171.8 millones para las franquicias postales, 128.8 millones para actividades específicas y 693 mil 495 para franquicias telegráficas.

En tanto, los independientes que aspiren a los cargos de presidente, senador y diputado tendrán una bolsa conjunta de 42.9 millones de pesos.

La Constitución federal establece que la fórmula que el INE debe utilizar para calcular el financiamiento anual de los partidos, que no puede ser modificada, consiste en multiplicar el número de ciudadanos en el padrón electoral, con corte en julio de cada año, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, en años con proceso electoral federal, a ese monto se le sumará un 50 por ciento extra del total del financiamiento que recibirán los partidos.

A lo largo del 2017 se presentaron propuestas legislativas para cambiar el cálculo y reducir el monto del financiamiento a los partidos, entre ellas la iniciativa conocida como “Sin voto no hay dinero”, del diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto; sin embargo, éstas no prosperaron.

SIERRA LEONA.- Los equipos de rescate de Sierra Leona recuperaron 270 cadávereshasta ahora después que el lunes una avalancha de lodo arrasó con decenas de viviendas en una región montañosa en las afueras de la capital, Freetown.

El lunes por la mañana se derrumbó parte de una colina en la ciudad vecina de Regent, provocando un alud que desató uno de los mayores desastres naturales en África en los últimos años.

Hemos recuperado un total de 270 cadáveres y los estamos preparando para su incineración”, dijo a periodistas el alcalde de Freetown, Sam Gibson, a periodistas.

Las operaciones de rescate continuaban el martes.

El multitudinario entierro liberará espacio para que la sobrecargada morgue central pueda acoger a más cuerpos, dijo un testigo.

El presidente Ernest Bai Koroma instó a los residentes de Regent y de otras zonas inundadas en los alrededores de Freetown a abandonar la zona para que el personal militar y los equipos de rescate puedan continuar con la búsqueda de supervivientes entre los escombros.

Alrededor de la capital se han abierto varios centros de rescate para registrar y asistir a las víctimas, dijo el lunes por la noche el presidente en un mensaje transmitido por la televisión.

MÉXICO.- La PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos por más de 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos.

Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer este jueves a las 12:00 horas acompañado de abogado defensor.

Lo anterior, derivado de las declaraciones que han rendido Marcelo Bahía Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva y Luis Alberto de Meneses Weyll, quienes afirman que Lozoya recibió pagos desde 2012, antes de ser nombrado director de Pemex.

“Hago de su conocimiento que deberá comparecer en calidad de imputado ante esta representación social, ello en virtud de que se ha mantenido intercambio de información con la República de Brasil, en donde se logró recabar la declaración en las cuales usted ha sido mencionado”, dice el citatorio.

Agrega que las declaraciones se recibieron vía asistencia jurídica internacional, pero que está pendiente obtener copias certificadas de las mismas, lo que es un requisito para que tengan validez legal en caso de que PGR decida llevar el caso ante un Juez de Control.

El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.

Este lunes, luego de la publicación de la declaración de De Meneses en varios medios de comunicación en México y Brasil, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, denunció que su cliente ni siquiera había sido citado por la PGR.

Lozoya Austin ha rechazado haber recibido un solo pago de Odebrecht y anunció ayer que demandará como daño moral la publicación de las declaraciones.

Si la PGR decide llevar el caso ante un Juez de Control, Lozoya no necesariamente sería privado de su libertad, pues delitos como el cohecho o el lavado de dinero no son de prisión preventiva forzosa en el nuevo sistema penal.

OAXACA.- El Registro Civil de Oaxaca niega el derecho a la identidad a una niña, cuyo padre demandó a esa instancia asentar el apellido de la madre de la menor, quien murió al momento del parto hace dos años.

Por lo anterior, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación dirigida al Registro Civil para que anteponga el derecho superior de la niña, y deje de exigir que la progenitora comparezca, lo que es imposible.

Al padre de la menor, le han solicitado que incluso se practiquen una prueba de ADN para acreditar el parentesco.

El 21 de agosto de 2015 inició el trámite de solicitud de acta de nacimiento que hasta la fecha no ha prosperado, desde esa fecha, el oficial del Registro Civil se niega a incluir el apellido de la madre fallecida.

Según el padre de la niña, el servidor público no reconoce el certificado de nacimiento expedido por la Secretaría de Salud estatal.

De tal manera que el oficial del Registro Civil también requirió una prueba de ADN, para  acreditar el parentesco entre la niña y el adulto.

El organismo defensor solicitó en su Recomendación 7/2017 que de manera inmediata, la titular del Registro Civil, Martha Alicia Escamilla,  gire sus instrucciones para que se realice el registro de nacimiento de la menor con el nombre y apellidos que refiere el peticionario; documento que debe asentar el nombre de ambos progenitores.

La Defensoría dentro del expediente de queja DDHPO/766/(17)/OAX/2017, acreditó violaciones a los derechos humanos de la niña, por lo cual solicitó que se realice la reparación integral del daño causado al padre, en apego a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca.

La institución autónoma defensora especificó que, en la reparación se debe considerar los gastos que el familiar  ha erogado por diversos conceptos a causa de traslados de su comunidad de origen y sus estadías en la capital oaxaqueña para gestionar el trámite del registro de su hija.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24,  reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes para que  sin discriminación alguna accedan a  las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado.

La aplicación de esta disposición exige a los Estados la adopción de medidas especiales para proteger a la niñez, puntualizó el organismo defensor.