MÉXICO.- La descalificación del gobierno de Claudia Sheinbaum al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) detonó la respuesta de familias buscadoras de la Ciudad de México, quienes sostuvieron que el documento no es “tendencioso” ni “falto de rigor”, sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano “se niega a asumir”.

Las familias dijeron, en un posicionamiento escrito, dijeron haber recibido “con indignación absoluta” la postura oficial. Con determinación, declararon: “La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos”.

Horas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto en el que arremetieron contra el informe del CED, este 2 de abril, los colectivos Mariposas, Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino, Lirios Buscadores Izcalli y Luciérnagas cuestionaron su sustento jurídico, lo calificaron de “tendencioso” y acusaron a sus integrantes de actuar con “ligereza” y posible “conflicto de interés”.

El Comité, en contraste, concluyó que existen “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, al identificar “múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, y decidió remitir el caso al secretario general de la ONU, António Guterres, para su consideración ante la Asamblea General.

En su respuesta, el gobierno federal sostuvo que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y afirmó que, “a diferencia de periodos anteriores”, no existen indicios de una política federal de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en las administraciones recientes.

Las familias buscadoras de la capital mexicana respondieron directamente a ese planteamiento: “Las desapariciones forzadas siguen existiendo, no son cosa de administraciones pasadas”.

“Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar”, sentenciaron.

Y agregaron: “El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133,000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83,000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar”.

En la opinión de las víctimas indirectas, la descalificación del CED implica desconocer tanto la evidencia acumulada como el trabajo realizado fuera de las instituciones:

“Es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades”.

También consideraron: “Defender la soberanía no es rechazar la ayuda internacional; la verdadera soberanía se demuestra garantizando seguridad y justicia”.

Advirtieron que negar esa asistencia tiene consecuencias operativas en la búsqueda: “El Estado da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación. No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes”.

El posicionamiento también cuestionó la efectividad de las estructuras institucionales en materia de desapariciones y denunciaron la participación de agentes del Estado: “La participación de agentes estatales —por acción, omisión o aquiescencia con el crimen organizado— no es un invento; es una verdad documentada en expedientes que no avanzan y en vehículos oficiales que han sido testigos de la tragedia”.

Las familias plantearon exigencias concretas al Estado mexicano:

Reconocimiento de responsabilidad: Que el Estado asuma el carácter grave y sistemático de la crisis, tal como lo señala el CED.
Cooperación sin condiciones: Aceptar la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata.
Justicia real: Acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y fin de la manipulación de cifras en el Registro Nacional.
Diálogo sin descalificaciones: Nuestra exigencia de verdad no tiene partido ni agenda oculta; nuestra única agenda es encontrarles.
Finalmente señalaron: “El mundo ya lo ve. Es hora de que el Estado deje de negar la verdad y actúe. ¡Hasta encontrarles!”.

El posicionamiento se suma a la respuesta del Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez, que también cuestionó la descalificación del gobierno al informe del CED y sostuvo que dicha reacción “no está a la altura de la crisis”.

MÉXICO.- En este Jueves Santo, 31 personas fueron asesinadas en el país, siendo Sinaloa la entidad con mayor número de homicidios, con cinco, de acuerdo con el reporte diario de asesinatos que compila el gobierno de México.

Colima y Jalisco reportaron tres víctimas de homicidio; mientras que Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tabasco y Veracruz registraron dos personas asesinadas, cada uno, en la jornada del 2 de abril. En el resto de las entidades fueron registradas una o ninguna víctima.

El reporte diario de homicidios dolosos es generado por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El jueves 5 de febrero pasado también se reportaron 31 homicidios, siendo la cifra más más baja de este delito en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Previamente, en septiembre pasado, se había registrado el día con menos homicidios del sexenio, con 32 casos; en enero pasado, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 47.3 por día, cifra que va a la baja en la compilación histórica de este delito.

MÉXICO.- El colaborador del medio N+, Juan Díaz, fue localizado con vida durante las primeras horas de este Viernes Santo, luego de que se reportara su desaparición durante la tarde del Jueves Santo en las cercanías de la mina Santa Fe, durante labores de cobertura en el lugar.

De acuerdo a versiones del mismo medio, Juan Díaz se encontraba operando un dron cuando este fue derribado, por lo que se internó en una zona enmontada para localizarlo, y a partir de ese momento se perdió comunicación con él.

La caída del dron habría sido por un inhibidor de señales.

Díaz acudió a la mina Santa Fe, en Rosario, al sur de Sinaloa, para la cobertura del rescate de cuatro mineros sepultados por un deslave de una presa de jales.

En un primer momento medios locales reportaron que había sido encontrado a salvo, sin embargo esa información fue desmentida, aunque horas más tarde finalmente se logró su ubicación y rescate por parte de elementos del Ejército.

La zona rural del centro y sur de Sinaloa ha sido territorio de muchos enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que mantienen una disputa desde septiembre de 2024.

La operación de drones por parte de ambas facciones en guerra forma parte de sus operaciones en zonas serranas ya sea para videovigilancia o para ataques con bombas artesanales.

MÉXICO.- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) anunció tener información que parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

Debido a la gravedad de la situación, el CED decidió “solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.

El CED explicó que el procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.

En virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, “debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia”, aclara.

Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El CED también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión.

“En vista de lo anterior, agrega el CED , si bien toma nota de que la «guerra contra las drogas» a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido tales ataques a nivel local, el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma”.

El Comité también subrayó que “ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad”.

A este respecto, el CED tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención.

Sin embargo, el Comité destacó que, “en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil»”.

«El derecho internacional ,agrega el CED, no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, “si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de «personas desaparecidas», aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas”.

No obstante, continúa el CED, la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. “El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6 200 cadáveres y 4 600 restos humanos, además de unos 72 000 restos humanos no identificados.

En general, el Comité advirtió que, “a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.

Por lo tanto, basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitando que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Asimismo, pidió que “se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos”.

«El Comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos. El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más», declaró Albán-Alencastro.

Finalmente, el CED informó que todos los documentos relativos al artículo 34 están disponibles en la página del 30º periodo de sesiones del Comité aquí.