JUÁREZ.- En el arranque del primer día de bloqueos indefinidos en diversas carreteras del país, organizaciones del sector agrícola y del transporte encendieron las alertas sobre las consecuencias económicas y sociales que podría enfrentar México si no se atienden de inmediato sus demandas.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCN) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) presentaron un pliego petitorio con 15 exigencias dirigidas al Gobierno federal, en el que advierten una crisis que ya impacta la producción y distribución de alimentos.
Ambos organismos señalaron que, pese a los intentos de diálogo con la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las mesas de trabajo han carecido de claridad y soluciones concretas.
En ese contexto, insistieron en la necesidad de una reunión urgente para exponer directamente la problemática que enfrentan productores y transportistas, quienes aseguran estar operando bajo condiciones cada vez más adversas.
Uno de los principales reclamos gira en torno a la inseguridad en las carreteras federales, situación que afirman ha incrementado los costos operativos y el riesgo para el traslado de mercancías.
La ANTAC denunció la presencia de retenes que consideran puntos de extorsión, por lo que demandan su eliminación, así como mayor presencia de la Guardia Nacional y la instalación de sistemas de videovigilancia que garanticen rutas seguras para el transporte de carga.
A la par, el sector transportista enfrenta el encarecimiento del diésel y otros insumos, lo que repercute directamente en el costo del traslado de productos básicos.
En este sentido, exigieron la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al combustible, además de la creación de una fiscalía especializada en delitos contra el transporte, como medida para combatir robos y actos delictivos que afectan la cadena de suministro.
Por su parte, el FNRCN alertó sobre la caída en la producción nacional de granos básicos, derivada del aumento en los costos de fertilizantes, semillas y servicios, así como de la competencia con importaciones que califican como desleales.
Entre sus principales demandas destacan la implementación de precios de garantía, el freno a las importaciones indiscriminadas y el fortalecimiento de una banca de desarrollo que impulse al campo mexicano.
Asimismo, los productores exigieron el pago de subsidios pendientes desde 2023 para sembradores de maíz y trigo, al considerar que estos retrasos han debilitado la capacidad productiva del sector. También propusieron el diseño de una nueva política agroalimentaria que priorice la autosuficiencia y reduzca la dependencia del extranjero en alimentos estratégicos.
Las organizaciones subrayaron que su movimiento no busca confrontar al Gobierno federal ni obtener beneficios para dirigentes, sino garantizar condiciones dignas para la producción y el transporte. Insistieron en que los apoyos deben llegar de manera directa a los productores, sin intermediarios, para asegurar su efectividad.
De no alcanzarse acuerdos en el corto plazo, advirtieron que los bloqueos podrían intensificarse, generando afectaciones en el abasto de productos y un posible incremento en los precios para los consumidores, lo que impactaría de manera directa en la economía de las familias mexicanas.
