MÉXICO.- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) anunció tener información que parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

Debido a la gravedad de la situación, el CED decidió “solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.

El CED explicó que el procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.

En virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, “debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia”, aclara.

Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El CED también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión.

“En vista de lo anterior, agrega el CED , si bien toma nota de que la «guerra contra las drogas» a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido tales ataques a nivel local, el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma”.

El Comité también subrayó que “ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad”.

A este respecto, el CED tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención.

Sin embargo, el Comité destacó que, “en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil»”.

«El derecho internacional ,agrega el CED, no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, “si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de «personas desaparecidas», aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas”.

No obstante, continúa el CED, la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. “El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6 200 cadáveres y 4 600 restos humanos, además de unos 72 000 restos humanos no identificados.

En general, el Comité advirtió que, “a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.

Por lo tanto, basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitando que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Asimismo, pidió que “se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos”.

«El Comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos. El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más», declaró Albán-Alencastro.

Finalmente, el CED informó que todos los documentos relativos al artículo 34 están disponibles en la página del 30º periodo de sesiones del Comité aquí.

MÉXICO.-La Cancillería y la Segob califica el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU como “tendencioso”, además de “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas”.

“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.

Aseguran las autoridades federales que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”

Remarcan que el Comité de la ONU omitió o no consideró debidamente:

1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de fiscalías especializadas estatales.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El CED solicitó el jueves a Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados