ACAPULCO.- Cinco integrantes de una familia que viajaba desde el Estado de México murieron tras un fuerte accidente ocurrido la mañana de este viernes en Acapulco, cuando se dirigían a pasar unos días en la playa.

El percance ocurrió en el viaducto Metlapil, donde la camioneta en la que viajaban salió del camino luego de que, presuntamente, se le ponchara una llanta, lo que hizo que el conductor perdiera el control.

Tras el accidente, los cuerpos de las víctimas quedaron sobre la carretera. Entre los fallecidos se encuentran menores de edad. Además, otro niño perdió la vida más tarde cuando era trasladado a un hospital debido a las graves heridas.

En el lugar también quedaron esparcidas maletas y pertenencias de la familia, que iba rumbo a disfrutar sus vacaciones.

Autoridades informaron que otras ocho personas resultaron lesionadas, por lo que fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica. Se reporta que presentan golpes y fracturas.

Elementos de emergencia y peritos acudieron al sitio para realizar las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con los primeros reportes, todo apunta a que el accidente se originó por la falla en una de las llantas del vehículo.

MÉXICO.- Por más de una década la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó que las desapariciones en México sí son generalizadas y consideradas delitos de lesa humanidad, como lo establece el Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, que pidió que el caso sea llevado a la Asamblea General del organismo, afirmó Jimena Reyes, directora para las Américas de la organización en los temas de corrupción y derechos humanos.

En entrevista con Proceso, Jiménez afirmó que aplauden la solicitud del CED para que la Asamblea General de la ONU apoye a México al reconocer que las desapariciones en el país tienen características de delitos de lesa humanidad.

“Nosotros llevamos poco más de 10 años tratando de entender la violencia que se da en México y lo hicimos a través de investigaciones con las ONGs de derechos humanos que documentaron los casos y, a partir del 2016, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación de las desapariciones: las dinámicas eran iguales en varios estados o varias regiones y que claramente se estaban dando crímenes de lesa humanidad en los estados que analizamos”, dijo al referirse a la documentación inicial que presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Coahuila, Nayarit y Veracruz.

La directora de la FIDH para las Américas subrayó que en la documentación encontraron que el crimen organizado realizaba las desapariciones forzadas, pero muchas de las veces contaron con el apoyo de los servidores públicos.

“Bien sea en Coahuila, con los policías y el cártel de Los Zeta; en Nayarit con la Fiscalía y en Veracruz igualmente. Estábamos frente a una situación de desapariciones forzadas y crímenes de la humanidad. En ese trabajo de documentación que hicieron las organizaciones, y en la que nos compartieron testimonios de los hechos, se obtuvo que la justicia mexicana no está funcionando y una evidencia importante es que hay un 98 por ciento de impunidad y ahora que vemos las cifras, pues se necesitarían 120 años, a este ritmo, para lograr investigar y sancionar por las más de cien mil o 43 mil desapariciones que dicen”, afirmó.

Jiménez señaló que el Estado mexicano ha sido omiso y durante más de una década se negó a responder las comunicaciones que se presentaron por la FIDH en la Corte Penal Internacional, por lo que recurrieron al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

Los casos que la FIDH presentó son de hechos ocurridos en desde el 2009 al 2025 y, en el caso de Coahuila, fueron documentadas las desapariciones en el periodo del 2009 al 2026 con el apoyo de cien organizaciones en el país y el documento fue firmado por el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila y Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Piedras Negras (FAMUN).

“La última información que le mandamos al Comité está relacionada con hechos más recientes, por ejemplo, con el rancho Izaguirre (en Jalisco) y pues todo ese descubrimiento quiere decir que es sistemático, organizado: quiere decir que hay medios financieros o una capacidad organizativa para atacar a un grupo y desaparecerlo. Claramente los descubrimientos sobre este rancho pues muestran muy bien el carácter organizado de los hechos”, sostuvo.

La representante de la organización señaló que esperan que la Asamblea General de la ONU genere un espacio que brinde condiciones para mejorar las investigaciones, pero también considere la prevención de una situación dramática que vive México, además de abatir la corrupción detectada, que consideró muy grave.

Posturas de colectivos
Diversos colectivos de personas desaparecidas en Coahuila opinaron que es lamentable la postura del Estado mexicano y otros consideraron que el Comité no es contundente en considerar los casos como desapariciones forzadas.

Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos señaló que esperaban una respuesta positiva y lamenta que sigan negando los casos forzados, como el de su hijo, Daniel Cantú Iris. Ella acudió ante el CED para insistir que era necesario que se aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional.

“Siguen negando que hay desapariciones forzadas en el país y escudándose en que México no tolera, no permite y no ordena las desapariciones forzadas. No rechazamos que sea así, pero simplemente las deficiencias en las investigaciones son parte de la aquiescencia que hace el Estado mexicano y no puede negar que haya una crisis”, consideró.

Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez, consideró que también es necesario que el Comité sea más enfático en la comunicación, porque dio muchas vueltas para justificar su postura.

“Me preocupa, y lo acaba de hacer (México) con las cifras que dan (del Registro Nacional de Personas Desaparecidas) que los quieren hacer a un lado, y este argumento que pone la ONU pues como les está dando el pase directo para decirnos: ya ven, no hay desaparición forzada o son muy pocas; no es una situación generalizada en el país y por lo tanto no es un delito de lesa humanidad. Es una situación grave porque no han avanzado en investigación, pero no pasa de ahí”, dijo.

Por su parte Ariana Bosque García, representante legal de FAMUN y quien también participó en la documentación de los casos en los que participaron Los Zetas en Coahuila, bajo la protección de las autoridades estatales, expresó que la recientemente fallecida exdirectora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, fue quien hizo una labor de documentación importante.

“Es un logro muy muy importante pues reconoce que, concretamente en el estado de Coahuila, las desapariciones denunciadas han sido sistemáticas, generalizadas y constituyen delitos de lesa humanidad. Se busca que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano como parte responsable de la omisión puntual de la investigación. En la entidad, si bien es cierto, tenemos mesas de diálogo y de trabajo, lo cierto es que no tenemos respuestas objetivas, como lo es la puntual localización e identificación de restos humanos”, señaló.