MÉXICO.- Por más de una década la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó que las desapariciones en México sí son generalizadas y consideradas delitos de lesa humanidad, como lo establece el Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, que pidió que el caso sea llevado a la Asamblea General del organismo, afirmó Jimena Reyes, directora para las Américas de la organización en los temas de corrupción y derechos humanos.

En entrevista con Proceso, Jiménez afirmó que aplauden la solicitud del CED para que la Asamblea General de la ONU apoye a México al reconocer que las desapariciones en el país tienen características de delitos de lesa humanidad.

“Nosotros llevamos poco más de 10 años tratando de entender la violencia que se da en México y lo hicimos a través de investigaciones con las ONGs de derechos humanos que documentaron los casos y, a partir del 2016, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación de las desapariciones: las dinámicas eran iguales en varios estados o varias regiones y que claramente se estaban dando crímenes de lesa humanidad en los estados que analizamos”, dijo al referirse a la documentación inicial que presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Coahuila, Nayarit y Veracruz.

La directora de la FIDH para las Américas subrayó que en la documentación encontraron que el crimen organizado realizaba las desapariciones forzadas, pero muchas de las veces contaron con el apoyo de los servidores públicos.

“Bien sea en Coahuila, con los policías y el cártel de Los Zeta; en Nayarit con la Fiscalía y en Veracruz igualmente. Estábamos frente a una situación de desapariciones forzadas y crímenes de la humanidad. En ese trabajo de documentación que hicieron las organizaciones, y en la que nos compartieron testimonios de los hechos, se obtuvo que la justicia mexicana no está funcionando y una evidencia importante es que hay un 98 por ciento de impunidad y ahora que vemos las cifras, pues se necesitarían 120 años, a este ritmo, para lograr investigar y sancionar por las más de cien mil o 43 mil desapariciones que dicen”, afirmó.

Jiménez señaló que el Estado mexicano ha sido omiso y durante más de una década se negó a responder las comunicaciones que se presentaron por la FIDH en la Corte Penal Internacional, por lo que recurrieron al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

Los casos que la FIDH presentó son de hechos ocurridos en desde el 2009 al 2025 y, en el caso de Coahuila, fueron documentadas las desapariciones en el periodo del 2009 al 2026 con el apoyo de cien organizaciones en el país y el documento fue firmado por el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila y Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Piedras Negras (FAMUN).

“La última información que le mandamos al Comité está relacionada con hechos más recientes, por ejemplo, con el rancho Izaguirre (en Jalisco) y pues todo ese descubrimiento quiere decir que es sistemático, organizado: quiere decir que hay medios financieros o una capacidad organizativa para atacar a un grupo y desaparecerlo. Claramente los descubrimientos sobre este rancho pues muestran muy bien el carácter organizado de los hechos”, sostuvo.

La representante de la organización señaló que esperan que la Asamblea General de la ONU genere un espacio que brinde condiciones para mejorar las investigaciones, pero también considere la prevención de una situación dramática que vive México, además de abatir la corrupción detectada, que consideró muy grave.

Posturas de colectivos
Diversos colectivos de personas desaparecidas en Coahuila opinaron que es lamentable la postura del Estado mexicano y otros consideraron que el Comité no es contundente en considerar los casos como desapariciones forzadas.

Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos señaló que esperaban una respuesta positiva y lamenta que sigan negando los casos forzados, como el de su hijo, Daniel Cantú Iris. Ella acudió ante el CED para insistir que era necesario que se aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional.

“Siguen negando que hay desapariciones forzadas en el país y escudándose en que México no tolera, no permite y no ordena las desapariciones forzadas. No rechazamos que sea así, pero simplemente las deficiencias en las investigaciones son parte de la aquiescencia que hace el Estado mexicano y no puede negar que haya una crisis”, consideró.

Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez, consideró que también es necesario que el Comité sea más enfático en la comunicación, porque dio muchas vueltas para justificar su postura.

“Me preocupa, y lo acaba de hacer (México) con las cifras que dan (del Registro Nacional de Personas Desaparecidas) que los quieren hacer a un lado, y este argumento que pone la ONU pues como les está dando el pase directo para decirnos: ya ven, no hay desaparición forzada o son muy pocas; no es una situación generalizada en el país y por lo tanto no es un delito de lesa humanidad. Es una situación grave porque no han avanzado en investigación, pero no pasa de ahí”, dijo.

Por su parte Ariana Bosque García, representante legal de FAMUN y quien también participó en la documentación de los casos en los que participaron Los Zetas en Coahuila, bajo la protección de las autoridades estatales, expresó que la recientemente fallecida exdirectora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, fue quien hizo una labor de documentación importante.

“Es un logro muy muy importante pues reconoce que, concretamente en el estado de Coahuila, las desapariciones denunciadas han sido sistemáticas, generalizadas y constituyen delitos de lesa humanidad. Se busca que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano como parte responsable de la omisión puntual de la investigación. En la entidad, si bien es cierto, tenemos mesas de diálogo y de trabajo, lo cierto es que no tenemos respuestas objetivas, como lo es la puntual localización e identificación de restos humanos”, señaló.

MÉXICO.- La descalificación del gobierno de Claudia Sheinbaum al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) detonó la respuesta de familias buscadoras de la Ciudad de México, quienes sostuvieron que el documento no es “tendencioso” ni “falto de rigor”, sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano “se niega a asumir”.

Las familias dijeron, en un posicionamiento escrito, dijeron haber recibido “con indignación absoluta” la postura oficial. Con determinación, declararon: “La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos”.

Horas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto en el que arremetieron contra el informe del CED, este 2 de abril, los colectivos Mariposas, Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino, Lirios Buscadores Izcalli y Luciérnagas cuestionaron su sustento jurídico, lo calificaron de “tendencioso” y acusaron a sus integrantes de actuar con “ligereza” y posible “conflicto de interés”.

El Comité, en contraste, concluyó que existen “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, al identificar “múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, y decidió remitir el caso al secretario general de la ONU, António Guterres, para su consideración ante la Asamblea General.

En su respuesta, el gobierno federal sostuvo que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y afirmó que, “a diferencia de periodos anteriores”, no existen indicios de una política federal de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en las administraciones recientes.

Las familias buscadoras de la capital mexicana respondieron directamente a ese planteamiento: “Las desapariciones forzadas siguen existiendo, no son cosa de administraciones pasadas”.

“Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar”, sentenciaron.

Y agregaron: “El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133,000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83,000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar”.

En la opinión de las víctimas indirectas, la descalificación del CED implica desconocer tanto la evidencia acumulada como el trabajo realizado fuera de las instituciones:

“Es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades”.

También consideraron: “Defender la soberanía no es rechazar la ayuda internacional; la verdadera soberanía se demuestra garantizando seguridad y justicia”.

Advirtieron que negar esa asistencia tiene consecuencias operativas en la búsqueda: “El Estado da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación. No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes”.

El posicionamiento también cuestionó la efectividad de las estructuras institucionales en materia de desapariciones y denunciaron la participación de agentes del Estado: “La participación de agentes estatales —por acción, omisión o aquiescencia con el crimen organizado— no es un invento; es una verdad documentada en expedientes que no avanzan y en vehículos oficiales que han sido testigos de la tragedia”.

Las familias plantearon exigencias concretas al Estado mexicano:

Reconocimiento de responsabilidad: Que el Estado asuma el carácter grave y sistemático de la crisis, tal como lo señala el CED.
Cooperación sin condiciones: Aceptar la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata.
Justicia real: Acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y fin de la manipulación de cifras en el Registro Nacional.
Diálogo sin descalificaciones: Nuestra exigencia de verdad no tiene partido ni agenda oculta; nuestra única agenda es encontrarles.
Finalmente señalaron: “El mundo ya lo ve. Es hora de que el Estado deje de negar la verdad y actúe. ¡Hasta encontrarles!”.

El posicionamiento se suma a la respuesta del Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez, que también cuestionó la descalificación del gobierno al informe del CED y sostuvo que dicha reacción “no está a la altura de la crisis”.