POR.-Luis Fernando González Guzmán
Hay decisiones que nacen muertas. No porque falte voluntad política, sino porque chocan de frente con la realidad: la de las aulas, la de los maestros, la de los padres, la de los niños. El intento de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio pertenece a esa categoría.
La propuesta apareció como tantas otras en tiempos de prisa: sin consulta, sin cálculo fino, sin medir el impacto en quienes sostienen el sistema educativo día a día. Bastó que la idea circulara para que el país entero, desde inspectores hasta supervisores, desde directores hasta familias, entendiera lo obvio: no hay manera de comprimir dos meses de trabajo en tres semanas sin sacrificar lo esencial.
En Camargo, como en todo México, el trimestre apenas comienza. Hay evaluaciones pendientes, proyectos en marcha, rezagos que todavía se están atendiendo después de la pandemia. Pretender que todo eso se resuelva a marchas forzadas es desconocer cómo funciona una escuela por dentro. Es confundir el calendario con la educación.
Por eso, desde esta columna, la apuesta es clara: habrá marcha atrás.
No por presión mediática, sino porque el propio sistema educativo terminará imponiendo su lógica. Porque los estados no pueden operar con rumores. Porque los inspectores necesitan certezas. Porque los maestros requieren tiempo real, no tiempo político. Y porque las niñas y los niños merecen algo más que un cierre improvisado.
El calendario vigente marca el 17 de julio. Y salvo un giro improbable, ahí se quedará. No por resistencia, sino por sentido común.
A veces, la mejor decisión es reconocer que una mala idea no debe avanzar. Y esta, todo indica, será una de ellas.