CHIHUAHUA.- La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Georgina Bujanda, consideró necesario que el Poder Legislativo contemple recursos específicos para investigar y atender los casos de desplazamiento forzado, luego de que organismos internacionales recomendaran asignar presupuesto para hacer frente a esta problemática.
La funcionaria explicó que a la Fiscalía le corresponde investigar los delitos de desplazamiento forzado cuando estos constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, precisó que actualmente realizan estas labores con las partidas presupuestales que ya tiene autorizadas la institución, sin contar con una asignación exclusiva para esta materia.
Bujanda señaló que la recomendación de los organismos internacionales representa un reto para la discusión y aprobación del próximo Presupuesto de Egresos, tanto en el ámbito federal como en el estatal.
“Creo que esta recomendación que realizaron los organismos internacionales es una muy buena recomendación”, expresó, al considerar que corresponde a los legisladores analizar la posibilidad de incorporar recursos para atender este fenómeno.
Al ser cuestionada sobre cuánto presupuesto solicitaría la Fiscalía para el próximo ejercicio fiscal, indicó que todavía no existe una cantidad definida, debido a que apenas comenzaron a revisar la propuesta y el diagnóstico que les hizo llegar el fiscal general del Estado.
Explicó que la evaluación deberá contemplar tanto el incremento de personal, que representaría un gasto corriente, como la adquisición de recursos materiales necesarios para desarrollar las investigaciones.
La titular de la Fiscalía también informó que se abrió una carpeta de investigación de oficio por graves violaciones a los derechos humanos, además de las indagatorias que corresponden a otras áreas de la institución.
Respecto a la recopilación de información sobre las personas desplazadas, advirtió que existe una dificultad para integrar censos, debido a que algunas víctimas no desean que sus datos personales sean conocidos. Por ello, consideró necesario valorar los resultados disponibles y dar seguimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales.
Bujanda añadió que la atención del desplazamiento forzado requiere la participación de autoridades federales, además de las instancias estatales, por lo que la asignación de recursos es uno de los aspectos que deben revisarse.