CHIHUAHUA.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, reconoció el trabajo realizado por magistradas, magistrados, juezas, jueces y el personal que labora en el Poder Judicial.
Al acudir en representación de la gobernadora Maru Campos al informe de actividades de la magistrada Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el funcionario destacó la importancia de contar con instituciones sólidas, profesionales y autónomas que garanticen el Estado de Derecho.
Dijo que para el Gobierno del Estado la fortaleza de las instituciones es un elemento fundamental para preservar la libertad, la seguridad jurídica y los derechos de las y los chihuahuenses.
En este sentido, señaló que la división de poderes y la independencia judicial son principios esenciales de una república democrática.
Resaltó, además, la labor del Poder Judicial para brindar certeza jurídica a las familias, proteger el patrimonio y generar confianza para la inversión y el desarrollo de Chihuahua.
De la Peña expresó que el primer año de la nueva estructura del Poder Judicial ha representado un periodo de aprendizajes y retos, por lo que reconoció la disposición y profesionalismo de quienes integran esta institución.
Precisó que cualquier transformación al sistema de justicia debe evaluarse a partir de sus resultados y de su capacidad para ofrecer una justicia independiente, eficaz y cercana a la ciudadanía.
Asimismo, hizo un llamado a las personas juzgadoras de Chihuahua a mantener como principios rectores de su actuación la justicia, la verdad, la imparcialidad y la honorabilidad.
Afirmó que Chihuahua puede marcar la diferencia y convertirse en un referente nacional en el fortalecimiento de las instituciones y en la defensa del Estado de Derecho.
De la Peña refrendó la disposición del Gobierno del Estado para trabajar bajo una relación de respeto y colaboración institucional con el Poder Judicial.
“Quienes ocupamos los cargos vamos y venimos. Pero las instituciones permanecen”, agregó, al destacar que el compromiso de quienes ejercen una responsabilidad pública debe ser contribuir a construir instituciones sólidas y confiables para las próximas generaciones.