Hace ocho años, el 30 de mayo de 2018, el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desde Ginebra hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores”, que habrían sido cometidas “por una fuerza federal de seguridad”.
En ese momento Al Hussein advertía que el equipo de ONU-DH en México había recuperado testimonios de una veintena de víctimas de desaparición forzada atribuidas a personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (UNOPES), entonces dirigida por el almirante Marco Antonio Ortega Siu, pero que tenían información de que por lo menos 40 personas más habían sido víctimas del flagelo.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores y promover asistencia los familiares de las víctimas”, sostenía el documento.
A ocho años de esa alerta, la impunidad campea en el caso conocido por el gobierno mexicano como “Caso Tamaulipas”, que fue motivo de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 36 VG/2020, que sólo reconoció 27 víctimas y que derivó en una disculpa pública de la Semar a los familiares en 2021.
Incluso antes, el Caso Tamaulipas fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante los últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, por Karla Quintana, entonces responsable de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras que en enero de 2019 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se reunió en Nuevo Laredo con los familiares de las víctimas y prometió el esclarecimiento del caso.
Insuficiencia probatoria
A ocho años sólo el caso de José Luis Carrillo Bautista, desaparecido el 16 de mayo de 2018, ha sido llevado a juicio, pero sus presuntos captores fueron absueltos por supuesta insuficiencia probatoria y falta de certeza.
De acuerdo con los señalamientos de familiares y testigos, José Luis fue sacado por marinos del establecimiento Yonke Pepe´s, donde se llevaba a cabo una reunión en la que se encontraban decenas de personas, quienes fueron sometidas por los uniformados y algunas de ellas pudieron grabar los hechos, además de que al lugar llegaron periodistas alertados por familiares de las personas retenidas.
El 16 de abril último Carlos Alberto Pantoja Arreola, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, absolvió a siete marinos identificados como presuntos responsables de la desaparición forzada de José Luis Bautista, en una audiencia llevada a distancia desde el Centro de Justicia Penal de Reynosa, sin la presencia de los familiares de la víctima por no haber sido notificadas con tiempo suficiente por personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución significa “un golpe tremendo no sólo para la familia de José Luis, sino para todas las que tenemos un esposo, un hijo, una hija, desaparecidos por la Marina”, dice Erika Castro Martínez, esposa de Carrillo Bautista, quien el pasado 27 de mayo presentó una queja contra el juzgador ante Tribunal de Disciplina Judicial, en la Ciudad de México.
De acuerdo con el documento entregado por Castro, al absolver a los marinos señalados, Roberto Carlos Díaz Macedonio, Leonardo Barrios Fu, Jesús Abraham Villa, Jorge Vital Paulino, Pablo Nicolás Mejía, Rafael Zúñiga Olivera y Jesús Manuel Mongoy Hernández, el juzgador incurrió en conductas “contrarias a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez y respeto que deben regir en el actuar de los servidores públicos judiciales”.
Para Erika, el juez se condujo con “una parcialidad” que favoreció a los marinos procesados y a quienes absolvió “ignorando todo el desfile probatorio en cual se demostró claramente el hecho atribuido a los responsables”.
La esposa del desaparecido pidió al Tribunal de disciplina revisar la sentencia emitida por el juzgado así como las audiencias del juicio que se llevaron a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de que el órgano de disciplina judicial “pueda constatar la mala actuación” del juez Pantoja Arreola.