MÉXICO.- Comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, afectado por el derrame de desechos tóxicos de una mina propiedad de Grupo México, alertaron la “simulación” del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para dar respuesta a las víctimas de la tragedia ocurrida en 2014.
En un pronunciamiento, los Comités de Cuenca de Río Sonora (CCRS) dieron cuenta de una resolución judicial que puso en evidencia “la simulación como política pública”, definición que refuerzan con el ocultamiento del convenio firmado por su administración con el consorcio minero para remediar los daños causados, anunciado en febrero pasado en una conferencia matutina.
Las comunidades afectadas por el derrame dieron a conocer la sentencia de un amparo de un juez federal que “ordenó anular de inmediato” las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “que pretendían cerrar de forma unilateral los programas de remediación”.
De acuerdo con el comunicado, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México “resolvió de manera contundente que las autoridades ambientales del gobierno federal están incurriendo de forma idéntica en los mismos vicios de inconstitucionalidad por lo que la población fue amparada originalmente por la Suprema Corte de la Nación (SCJN): la falta de transparencia y la exclusión de las comunidades en los mecanismos de reparación integral”. El resolutivo dejó sin efecto la determinación de Semarnat y Profepa que daban “por concluidos, de forma unilateral y arbitraria los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas e las zonas afectadas”.
Para el juez, la decisión de las autoridades federales “no valoraron efectivamente las manifestaciones ni las pruebas técnicas aportadas por las víctimas, reduciendo la intervención comunitaria a un acto meramente formal”.
El fallo sostiene que las reuniones o mesas de diálogo no son suficientes para garantizar el “derecho humano a la participación informada”, sino que las autoridades están obligadas a “revisar a fondo, analizar y tomar en cuenta las propuestas y pruebas técnicas de las personas afectadas antes de adoptar cualquier decisión trascendental en el territorio”.
Los CCRS señalaron que el resolutivo “confirma que el Estado mexicano ha sustituido la reparación efectiva de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación hídrica, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario para la población”.
Añadieron que esa práctica de “simulación” se replica, pues “el gobierno federal mantiene bajo estricto secreto el nuevo convenio económico celebrado con Grupo México”, lo que ha motivado a los CCRS a solicitar otro amparo en vías de resolución.
Tras recordar que el 23 de diciembre de 2025, autoridades anunciaron un “Plan de Justicia” para el Río Sonora, “derivado de un acuerdo financiero con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, acuerdo que fue presumido como “un logro histórico” en la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026.
En dicha conferencia “se reportaron los primeros pagos por 500 millones de pesos y se prometió transparentarlo” como parte del convenio, aunque “en la vía legal el Estado opera en la clandestinidad”.
Explicaron que, ante solicitudes de información pública de las comunidades para conocer el contenido del convenio, “la Secretaría de Gobernación y la plataforma de Transparencia para el Pueblo respondieron declarando la ‘inexistencia administrativa’ del documento”.
“Ocultar este nuevo acuerdo (que involucra la dispersión de más de 2 mil 223 millones de pesos), reproduce la misma inconstitucionalidad que la SCJN declaró a favor de las comunidades en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando sentencio que no se pueden tomar decisiones de remediación a puerta cerrada con el gigante minero y a espaldas de las víctimas”.
Para los CCRS “no puede existir justicia basada en el secreto, la impunidad corporativa y el desacato judicial, pues pactar sin transparencia condena a los habitantes a seguir padeciendo daños acumulados de más de una década de contaminación hídrica y afectaciones graves a la salud que ninguna autoridad ha querido frenar de raíz”.
Las comunidades afectadas por el derrame de desechos tóxicos exigieron al gobierno federal “la entrega inmediata y pública del texto íntegro del convenio” celebrado con Grupo México, “incluyendo todos sus anexos técnicos y financieros, eliminando cualquier cláusula de confidencialidad”.
De la misma manera, demandaron el “acatamiento inmediato e integral del fallo del Juez Cuarto de Distrito y el pleno respeto al fallo de la SCJN, garantizando la participación directa, activa y vinculante de los CCRS en cualquier plan de remediación y destino de fondos”.
Al señalar que es inadmisible que “un acuerdo confidencial reemplace la justicia y la salud” de las víctimas, los CCSR exigieron “el cese inmediato a la política de opacidad institucional que revictimiza a nuestras comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa responsable”.