MÉXICO.- Publicó el Gobierno las reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que podrán castigar con hasta diez años de prisión la producción, distribución y venta de piratería, tanto en establecimientos como por internet.
El decreto, publicado este 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor mañana, 14 de noviembre. Modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con disposiciones que también alcanzan a quienes financien estas actividades o suministren insumos a sabiendas de su destino.
Castigos por producir, distribuir y vender piratería
La reforma establece de cuatro a diez años de prisión para quienes produzcan, reproduzcan, importen, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o renten, a escala comercial, copias de obras, música, películas o libros sin autorización de los titulares de los derechos.
La misma pena corresponde a quienes, con conocimiento de su finalidad, aporten materias primas, insumos o recursos para financiar esas actividades. Además de prisión, contempla de dos mil a veinte mil días multa.
Para la venta de copias piratas al consumidor final en vías o lugares públicos, a escala comercial, fija de dos a seis años de cárcel. La sanción será de cuatro a diez años cuando se realice en establecimientos, locales fijos, puestos temporales o semifijos, por medios electrónicos o de manera organizada, sistemática o reiterada.
En productos con marcas falsificadas establece un esquema similar: de dos a seis años por su venta a escala comercial en vías o lugares públicos, y de cuatro a diez años bajo las modalidades anteriores. En este último supuesto, la multa puede alcanzar 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
No es necesario cobrar para configurar la escala comercial
Uno de los puntos centrales es la definición de “escala comercial”. Esta incluye actividades que buscan ganancias, pero también aquellas que generan una ventaja competitiva o valor agregado para un negocio, incluida la obtención o utilización de datos personales.
Además, comprende actos que causen un perjuicio significativo a la posición del titular de los derechos en el mercado, aunque no exista una ganancia económica.
Para determinar esa escala, el decreto exige un umbral de 170 UMA, calculado conforme al precio de venta del producto o servicio legítimo. Esto significa que la referencia será el valor del original, no necesariamente el precio de la copia pirata.
También permite acumular el valor de envíos realizados durante un periodo de hasta 90 días cuando exista vinculación entre remitentes, destinatarios, domicilios de entrega o redes de distribución. Así, fraccionar la mercancía en paquetes pequeños no impedirá alcanzar ese umbral.
Filtrar obras antes del estreno también tendrá sanción
El decreto incorpora una pena de cuatro a diez años de prisión por divulgar, publicar, comunicar o distribuir obras protegidas sin autorización antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.
También contempla ese rango de prisión para quien grabe, transmita o copie total o parcialmente una película exhibida en una sala de cine sin autorización del titular de los derechos.
Estas disposiciones no incluyen expresamente el requisito de escala comercial, por lo que el umbral de 170 UMA no debe entenderse como una condición para todos los delitos de la reforma.
Por separado, establece de tres a siete años por determinadas conductas relacionadas con eludir protecciones tecnológicas, comercializar dispositivos para hacerlo u ofrecer servicios destinados principalmente a ese fin, a escala comercial.
Investigación de oficio y reparación del daño
La mayoría de los delitos de derechos de autor contemplados se perseguirán de oficio, lo que permite al Ministerio Público investigar sin depender de una querella del titular. El decreto conserva excepciones, como ciertos casos de reproducción editorial por encima de lo autorizado y la publicación de una obra sustituyendo el nombre del autor.
La reparación del daño no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo correspondiente a los involucrados en la conducta.
Como alternativa, la víctima podrá optar por una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA. Su monto deberá determinarse considerando las circunstancias, el alcance de la difusión, el perjuicio causado o el beneficio económico que se pretendía obtener.
¿Ley “antimemes”?
Aunque la reforma ha sido llamada “antimemes”, esa descripción exagera lo que establece el decreto: no menciona memes, sátira ni burlas a políticos, ni crea un delito específico por compartir una imagen humorística.
El uso de fotografías, ilustraciones o fragmentos de obras protegidas puede generar controversias sobre derechos de autor, especialmente cuando se explotan comercialmente. Sin embargo, para imponer una sanción penal deberán acreditarse los elementos del delito correspondiente; el carácter de meme no convierte automáticamente una publicación en una conducta delictiva.
La reforma también incorpora un castigo de uno a cinco años por suplantar la identidad de instituciones públicas mediante logotipos, dominios o documentos oficiales, cuando exista escala comercial, engaño e intención de cometer un ilícito, como podría ocurrir con plataformas de trámites fraudulentos.