MÉXICO.- Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este viernes, el consejero Martín Faz Mora recordó que, en septiembre pasado, la entonces presidenta Guadalupe Taddei Zavala y su grupo de consejeros afines desecharon un acuerdo para elaborar 25 documentos electorales, y sugirió que esta decisión pudo formar parte de una estrategia para evitar las licitaciones de los contratos y adjudicarlos directamente a las empresas consentidas de Taddei.
En medio del escándalo de corrupción que involucró a Taddei, altos funcionarios del INE y el empresario José Alfredo Hernández Casillas –dueño de una red de compañías beneficiadas por grandes contratos del INE y de los institutos electorales locales–, Faz señaló que “existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas”.
El caso surgió el pasado 3 de septiembre, cuando Faz presentó al Consejo General un acuerdo que establecía el diseño y el contenido de 25 documentos electorales, que el INE imprimiría en sus instalaciones o mandaría a imprimir con proveedores externos para el proceso electoral del próximo año.
Taddei intervino ese día y pidió votar en contra, alegando que seguían “en desarrollo definiciones relacionadas con el voto anticipado, el voto de las personas en prisión preventiva, y en lo aplicable al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”.
Taddei fue secundada por la consejera Frida Gómez, y en la votación siete consejeros del bloque de la presidenta –la propia Taddei, Frida Gómez, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Blanca Cruz y Norma Irene de la Cruz—desecharon el acuerdo y devolvieron el expediente al área del INE que había elaborado la propuesta.
Este 13 de noviembre, es decir, más de dos meses después, los mismos 25 documentos volvieron ante el Consejo General; 13 de ellos quedaron idénticos a los que presentó Faz en septiembre, 11 tuvieron cambios de imagen, y uno más no tuvo “cambios sustantivos”, según Faz.
Sin embargo, después de dos meses de estar congelado, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral alertó sobre el vencimiento de los plazos necesarios para licitar los contratos relacionados con la elaboración de estos materiales. Y ello, según Faz, podría abrir la puerta para justificar el cambio de modalidad de contratación, de licitación pública a adjudicación directa.
“No podemos analizar lo sucedido como si ocurriera al margen del contexto que hoy enfrenta nuestro instituto, estamos atravesando una crisis institucional derivada de graves señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones, conflicto de interés y posibles beneficios indebidos a determinados proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei”, sentenció Faz, quien insistió en que “tenemos la obligación institucional de examinar si estamos ante una simple deficiencia de planeación o ante un patrón deliberado”.
La postura de Faz estuvo apoyada por Carla Humphrey, quien había apoyado el proyecto el 3 de septiembre. “No encontré seriedad técnica ni soporte normativo en los alegatos de Taddei para la devolución”, planteó la consejera, según quien “su posterior renuncia en medio de severos cuestionamientos precisamente sobre contrataciones hace indispensable revisar este expediente con especial cuidado”.
En defensa de su actuación dos meses atrás, cuando Taddei todavía ejercía todo el control en el INE, la consejera Frida Gómez aseveró que le parecía “muy grave que se pretenda vincular un tema técnico con un asunto que está viviendo esta institución sobre una cuestión de integridad, de ética”.
“En su momento se ha analizado precisamente las razones por las que ese documento fue devuelto”, insistió la consejera, quien fue autora de dos polémicos acuerdos, rechazados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que relajaban los controles del INE sobre los observadores electorales –quitaban el requisito de verificar que no fueran servidores de la nación u operadores de programas sociales– y que abrían un camino para que las boletas “planchadas” pudiera ser contabilizadas.