MÉXICO.- Un operativo unilateral de Estados Unidos en México para capturar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sería “un acto extremo como para romper la relación bilateral”, afirma la directora para México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer.
En entrevista con Proceso, la especialista en justicia, derechos humanos y Estado de derecho dice que nunca como ahora la recurrente amenaza del gobierno del mandatario estadunidense, Donald Trump, de ejecutar una acción militar directa contra el narcotráfico en México es “creíble” y “preocupante”.
Sobre todo, porque al pedir a México la extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa por estar vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa no sólo presume que esas personas son narcotraficantes, sino también terroristas.
Esto, porque Trump designó a ese grupo criminal y a otros cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Ese marco, señala Brewer, facilita a Estados Unidos, de acuerdo con su legislación interna, “tomar directamente acciones militares en contra de las personas señaladas como narcotraficantes”.
Trump: Los narcos son terroristas. Foto: Jacquelyn Martin / AP.
Y eso es más factible si la tensión sube, si se afecta la colaboración bilateral en materia de seguridad y “si hay un desencuentro como el que está sucediendo ahora”, asegura, y dice que “todos estos son factores que nos acercan más, tal vez, a esa línea desconocida en que la administración Trump decida tomar acciones al nivel de una intervención”.
Pero insiste en que un operativo militar estadunidense para capturar a Rocha Moya y otros de los funcionarios solicitados en extradición “rompería” la relación biliteral.
La funcionaria de WOLA explica que el patrón que ha seguido Trump frente a México es exigir, presionar y amenazar, lo que crea “un ambiente de mucha presión”, sin que al mandatario estadunidense parezca importarle que el gobierno de Sheinbaum cumpla con las exigencias.
“La presión no cede –indica–, tras cada exigencia hay otra exigencia. Y la exigencia del momento es detener a Rocha Moya y a otros funcionarios en activo con fines de extradición”.
Pero de acuerdo con Brewer, el abanico de opciones de Trump para presionar más a México es muy amplio y no sólo incluye la intervención militar directa.
“Por la coyuntura, y porque está en puerta la renegociación del T-MEC, yo creo que vamos a ver más impactos en ese ámbito, en el comercial”, asegura.
Pero también hay presiones en el campo diplomático, como la revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos y el eventual cierre de algunos de ellos, según informó el pasado jueves el Departamento de Estado.
Las colusiones y omisiones de Morena
Brewer sostiene que, frente a la solicitud de extradición a Estados Unidos de Rubén Rocha Moya, es claro que una “prioridad absoluta” del gobierno de la presidenta Sheinbaum debería ser romper los vínculos entre su partido, Morena, y el crimen organizado.
Stephanie Brewer. Sheinbaum está en una disyuntiva política. Foto: Especial.
Señala que los mexicanos rechazan mayoritariamente que su país tome decisiones en función de la agenda de otra nación, pero al mismo tiempo se preguntan por qué el combate frontal a la alianza entre políticos y criminales no es un criterio que guía el actuar del gobierno.
De acuerdo con la analista de WOLA, “no es sólo un problema de soberanía, que es lo que repite Claudia Sheinbaum; es un problema de arbitrariedad (de Estados Unidos) y es un problema de no atacar el problema de fondo, porque incluso si se extradita a Rocha Moya, eso no va a cambiar el sistema con el que opera el crimen organizado en México”.
Sobre todo, porque “es perfectamente sabido que en México el poder del crimen organizado no proviene primordialmente de las armas, sino en gran medida de la colusión, la tolerancia y los nexos con autoridades, y esto se ve a todos los niveles, especialmente a nivel municipal y a nivel estatal”.
Por ello, agrega la especialista en derechos humanos, “debería ser una prioridad absoluta para para cualquier gobierno, para este que es de Morena, pero también era aplicable al PRI, al PAN, romper nexos entre actores del crimen y autoridades, especialmente en ciertos estados”.
Sheinbaum ha exigido “pruebas contundentes” a Estados Unidos sobre la asociación entre Rocha Moya y Los Chapitos, pero Brewer recuerda que “no es nada sorprendente escuchar acusaciones o señalamientos de que, en efecto, funcionarios estatales estarían coludidos con actores del crimen”.
Eso es algo que “se ha señalado reiteradamente”, indica.
A la experta también no sólo le llama la atención la exigencia de “pruebas contundentes” que hace la presidenta en el caso de Rocha Moya y su firmeza para pedir que se respete al gobernador con licencia su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia cuando en otros casos ha desdeñado esos principios legales.
La directora para México de WOLA se pregunta dónde estuvo ese debido proceso para los más de 90 mexicanos entregados a Estados Unidos por el gobierno de Sheinbaum entre 2025 y 2026 sin siquiera proceso de extradición.
“¿O dónde está ese debido proceso y presunción de inocencia para decenas de miles de mexicanos en prisión preventiva oficiosa?”, plantea.
Dice que “ese punto es también crucial porque el debido proceso y el estado de derecho tendrían que ser el eje en todos los casos y no sólo cuando se trata de actores poderosos o del partido Morena”.
Brewer observa “un doble estándar” de la presidenta y afirma que “el doble estándar es brutal cuando se compara el trato a actores de alto perfil con lo que pasa día a día con las miles de personas privadas de la libertad con la figura de la prisión preventiva oficiosa y con los mexicanos enviados a Estados Unidos fuera del mecanismo de extradición”, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
WOLA, una organización que defiende los derechos humanos y el estado de derecho en la región, ha considerado en diferentes reportes que tanto la prisión preventiva oficiosa como el incumplimiento del debido proceso son “intrínsecamente violatorios de derechos humanos”.
El dilema de la presidenta
Para Brewer, el caso Rocha Moya ha colocado a Sheinbaum “en una disyuntiva política” porque cualquier decisión que tome con respecto a Rocha Moya tendrá un alto costo para ella.
Dice que, por una parte, si no entrega al gobernador con licencia a la justicia de Estados Unidos subirá las tensiones con Trump.
Hace unos días, en medio de la defensa que ha hecho Sheinbaum del debido proceso para Rocha Moya, Trump advirtió que si México y otros países no hace su trabajo contra el narcotráfico “lo haremos nosotros”.
Además, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que habrá nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados a cárteles de las drogas.
Brewer señala que Sheinbaum sabe que negar la extradición de Rocha Moya afectaría varios ámbitos de la relación con Estados Unidos y uno de ellos es la renegociación del T-MEC, un acuerdo comercial crucial para México.
Febrero de 2025. Primera entrega fast track de delincuentes a EU. Foto: Especial.
Dice que si Sheinbaum defiende a Rocha Moya y la Fiscalía General de la República (FGR) decide que no hay pruebas contra él, la renegociación del T-MEC se vería impactada al tiempo que Trump mantendría la amenaza de una intervención militar.
Pero si la mandataria decide extraditar al cuestionado gobernador con licencia también pagaría un alto costo político, porque sería el reconocimiento de que un gobierno estatal de Morena protegía a un poderoso cártel.
“En cualquier caso va a ser criticada, ya sea por traicionar a la soberanía o por encubrir a un supuesto criminal con base en criterios de partido político y no con base en criterios de seguridad”, asegura la funcionaria de WOLA.
Para Brewer, en todo caso, sería más factible una intervención militar estadunidense contra laboratorios de droga y capos del narcotráfico que contra los funcionarios requeridos en extradición.
“Hasta ahora no ha habido amenazas de acciones tipo Venezuela, para poner un ejemplo extremo –asegura–. Entonces, un operativo contra una autoridad, eso sí ya rompería la relación bilateral”.