Durante la conferencia matutina, explicó que existe una diferencia clave entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional. La primera, detalló, debe cumplir requisitos estrictos como la presentación del delito, pruebas, orden de aprehensión y documentación legal conforme al tratado bilateral.
En contraste, señaló que la solicitud presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York corresponde a una petición provisional, la cual requiere acreditar urgencia, es decir, riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Sin embargo, indicó que la Fiscalía General de la República determinó que no se aportaron elementos suficientes para justificar dicha urgencia, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada.
“Es necesario solicitar información adicional para acreditar la urgencia”, puntualizó.
Explicó que, en este momento procesal, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó más información al gobierno estadounidense, y será hasta que se presenten pruebas suficientes cuando un juez de control pueda determinar si procede una detención provisional.
Alcalde Luján subrayó que ni la Fiscalía, ni la Cancillería han emitido un juicio sobre la culpabilidad de las personas señaladas, ni sobre la procedencia de la extradición, ya que el proceso sigue en revisión.
Asimismo, advirtió que se vulneró el principio de confidencialidad al hacerse pública la información, lo que podría afectar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Finalmente, reiteró que será un juez quien determine cualquier medida cautelar, siempre con base en pruebas, conforme a la legislación mexicana y los tratados internacionales.