MÉXICO.- El gobierno de Marina del Pilar Ávila en Baja California entregó más de seis millones de pesos en contratos públicos a empresarios acusados por Estados Unidos de lavar dinero y operar a favor del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una revisión de Proceso en el portal gubernamental Compranet, en 2024 la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, a cargo de Ávila Olmedo, dio seis contratos por adjudicación directa a la empresa Inteliproof Efficient S De Rl De CV por un monto de 6 millones 80 mil 938 de pesos sin impuestos. De dicha empresa son socios los empresarios Jorge Enrique Figueroa Barrozo, cercano a la 4T, y Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, acusado directamente por el Departamento del Tesoro de EU de nexos criminales.
Las contrataciones describen tres tipos de compras: equipo de cómputo, almacenamiento digital y accesorios; ropa de protección personal para la Comisión Local de Búsqueda; y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
El primero de ambos socios, Figueroa Barrozo, es un empresario tijuanense que presidió Canacintra Tijuana de 2021 a 2024. En noviembre de 2024 fue designado por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, como coordinador del Corredor de Bienestar Económico en Baja California. Su nombramiento se presentó como parte de la estrategia económica del gobierno de Claudia Sheinbaum para la península.
En el terreno empresarial, Figueroa constituyó en 2013 (también junto a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices), el Corporativo TEKSEG, una empresa de seguridad con contratos de gobiernos estatales y municipales. Semanario Zeta publicó en 2025 que Figueroa y Santelices son socios en al menos otras tres empresas: TEKSEG, Holistic e Inteliproof, con contratos gubernamentales de 2023 a 2025.
Este 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Moreno Gómez Santelices y a Inteliproof y Holistic Wellwaves, entre otras empresas controladas por él. El comunicado del Tesoro no menciona a Figueroa Barrozo ni a TEKSEG, y no hay acusación formal pública en su contra.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una acción centrada en la facción Los Mayos y en el control de las plazas fronterizas de Baja California. Entre los designados aparecen Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, a quienes la OFAC acusa de manejan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lava dinero para el Cártel de Sinaloa y para René Arzate García, “La Rana”.
González Lomelí fue sancionado por el Tesoro el 18 de septiembre de 2025, asociado al empresario Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del Club Tijuana “Xolos”, hijo del político Jorge Hank Rhon y nieto del líder priista Carlos Hank González. En esa misma designación se señaló a Complejo Turístico JJJ y Grupo Hotelero JJJ, de las que sería socio Jerónimo Javier Vera Ayala, según aquella misma sanción, pero no tocó a Hank, de acuerdo con el portal Linotipia.
De las empresas JJJ también es socio Jerónimo Javier Vera Ayala, quien fue incluido entre los sancionados de la OFAC este 29 de septiembre, junto a Jorge Mario Vera Ayala, concretando el círculo de socios de empresas presuntamente al servicio del Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, actual líder de “La Mayiza” e hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada.
Según el Tesoro, sancionó a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios, a la organización criminal. Las designaciones se hicieron con base en la orden ejecutiva 14059, sobre narcotráfico, y en la 13224, sobre terrorismo y sus apoyos. Junto con ellos fueron designados los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala, también asociados de González Lomelí.
Sobre las empresas, el comunicado señala que diez de ellas fueron sancionadas por ser propiedad de Moreno, estar controladas o dirigidas por él, directa o indirectamente, o por haber actuado en su nombre. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V. está en esa lista, junto con Baja Fixer Group, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa. El texto no atribuye ninguna empresa específica a Villela, y tampoco habla de apoderados o representantes legales: se refiere a propiedad, control o dirección.
La acusación de la OFAC salpica aún más a Marina del Pilar, pues el Departamento del Tesoro también a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y a su hermano (excuñado de Ávila Olmedo) Luis Alfonso, a quienes ubica en el centro de una red de narcocorrupción que protege a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa. Según la OFAC, Carlos Torres es un operador político aliado con “El Ruso”, jefe de Los Rusos en Mexicali, que usa su influencia para proteger al cártel y habría recibido pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil. Luis Torres, añade, recibía los sobornos y los lavaba mediante empresas y campañas políticas.
La OFAC sancionó también a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California, a quien describe como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, dirigente del cártel, a quien habría dado favores políticos a cambio de sobornos.
El gobierno de Baja California respondió que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres, que solo comparten el interés por su hijo y que ella no posee cuentas ni inmuebles en el extranjero. La gobernadora dijo desconocer los hechos de la acusación y ordenó a la Oficialía Mayor revisar si el gobierno estatal tiene contratos con las empresas señaladas.