La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó a su antecesor y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, de coordinar un presunto montaje político mediante la grabación y edición de una conversación privada sostenida a finales de 2025 con supuestos intermediarios extranjeros.
Durante su conferencia de prensa semanal realizada este miércoles 15 de julio en Tijuana, la mandataria estatal detalló el origen de las grabaciones difundidas recientemente en medios de comunicación, en las cuales se hace mención de agencias de investigación estadounidenses.
De acuerdo con la cronología y elementos presentados por la gobernadora:
Origen del encuentro: La reunión se efectuó el 15 de diciembre de 2025 en el municipio de Tijuana. El acercamiento se gestionó a propuesta de Jaime Bonilla Valdez bajo el argumento de abordar temas relacionados con la situación del visado de la mandataria, un asunto de carácter personal que ella misma había hecho público en mayo de 2025.
Dinámica de los hechos: Durante el encuentro, las personas convocadas se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses y expusieron supuestos procedimientos y cargos judiciales en el extranjero. Ante la naturaleza de los planteamientos, Ávila Olmeda los canalizó con el abogado Michael Nadler para su formalización; sin embargo, no se estableció contacto posterior ni se presentaron documentos oficiales de soporte.
Señalamiento de manipulación: La titular del Ejecutivo estatal afirmó que los fragmentos de audio difundidos han sido editados y sacados de contexto con fines electorales, de cara al proceso preelectoral rumbo a los comicios estatales de 2027. Asimismo, precisó que únicamente posee dos cuentas bancarias activas dentro de la República Mexicana y ninguna en el extranjero.
Declaración de soberanía: La gobernadora rechazó los señalamientos de supuesta traición o entrega de información reservada, argumentando que, por las atribuciones de su encargo, no posee acceso a datos de seguridad nacional, acotando que la cooperación binacional entre Baja California y California se circunscribe a temas de coordinación fronteriza cotidiana.
Finalmente, Ávila Olmeda recordó que Bonilla Valdez enfrenta procesos de carácter penal en el ámbito local, destacando el expediente relacionado con el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy por probables delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.