La imposición de sanciones económicas contra seis servidores públicos es por el monto de 777.8 millones de pesos, mientras que las otras 21 personas fueron sancionadas por cometer faltas denominadas como no graves.
La SABG enfatiza que el caso de mayor impacto económico corresponde a cuatro personas exservidoras públicas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ahora Alimentación para el Bienestar, sancionadas por ejercer en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y usarlos indebidamente para gastos de operación y para el Programa de Fertilizantes en 2019.
La sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra María G., René G., Miguel C. y Juan R., adscritos a la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como a la Unidad de Administración y Finanzas, a quienes se les fijó una inhabilitación por 10 años y una multa solidaria de 777.8 millones de pesos.
Por otra parte, el Tribunal sancionó a Ramiro R., de la División de Distribución Zona Torreón de la Comisión Federal de Electricidad, con un año de inhabilitación y una multa de 9 mil pesos por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.
En la Secretaría de Gobernación, Shiddarta V., del Instituto Nacional de Migración, recibió una inhabilitación por un año y una sanción económica de 1,380 pesos por sustraer bienes propiedad del instituto en 2021.
Mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Carlos M., adscrito a la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, fue inhabilitado por un año por tomar rayos X de pelvis sin autorización de una paciente en 2022.
En el caso de las faltas no graves, sancionaron a 21 servidores públicos de dependencias como Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el IMSS, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Infonacot, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias con inhabilitaciones de entre cinco meses a 30 días.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.