MÉXICO.- El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
González Martínez es investigado por su presunta relación con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, ocurrido en Nanchital, mientras que Bravo Montero es señalado en la investigación por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su acompañante, Ignacio López.
En votaciones realizadas por separado, cada dictamen recibió 40 votos a favor y ocho en contra. La declaración de procedencia contó con el respaldo mayoritario de Morena, mientras que los votos en contra provinieron de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Con la resolución, ambos presidentes municipales perdieron la inmunidad procesal derivada de sus cargos, por lo que la Fiscalía General del Estado podrá continuar las investigaciones y solicitar, en su caso, las medidas judiciales correspondientes.
El desafuero no constituye una sentencia de culpabilidad ni implica que exista o deba ejecutarse automáticamente una orden de aprehensión.
El alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, acudió al Palacio Legislativo antes de la votación para comparecer ante las y los diputados y presentar sus argumentos de defensa.
Al salir del recinto durante un receso, afirmó que decidió presentarse para “dar la cara” y sostuvo que era inocente: “No soy un delincuente”, reiteró mientras avanzaba entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Bravo Montero abandonó el Congreso a bordo de una camioneta acompañado de su abogado. Aunque aseguró que regresaría para conocer el resultado de la votación, no volvió después de que el pleno aprobó retirarle el fuero.
En el exterior del recinto permanecían elementos de la Policía Ministerial; sin embargo, no impidieron su salida ni se reportó su detención hasta el cierre de esta información.
El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, no acudió personalmente a la comparecencia. En su representación participaron sus abogados, quienes insistieron en que no existen pruebas contundentes para relacionarlo con el homicidio de Roxana Guzmán.
La defensa señaló que esperaría la resolución del Congreso para definir las acciones legales correspondientes. También afirmó que el alcalde se encontraba localizable y que no había promovido un amparo porque, hasta ese momento, no existía una orden de aprehensión en su contra.
Los abogados precisaron que el retiro del fuero tampoco representa una detención automática, pues corresponde a la Fiscalía determinar si solicitará una orden judicial, una citación u otra forma de comparecencia.
Al concluir la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, informó que los suplentes serán llamados de manera inmediata para asumir las presidencias municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.
Explicó que, tras las declaraciones de procedencia, corresponderá a la Fiscalía General del Estado continuar las investigaciones y los procesos legales contra los dos alcaldes.
Bautista Hernández sostuvo que el Congreso no determinó la responsabilidad penal de los funcionarios, sino que únicamente analizó los elementos presentados por la Comisión Instructora para resolver si debía retirarse la inmunidad procesal.
“El Congreso no juzga. Ellos están en todo su derecho de defenderse, de llevar los testigos y todos los elementos. Está en la cancha de la Fiscalía”, señaló.