MÉXICO.- Al menos cinco gobiernos municipales de la Huasteca Potosina ya han acordado impedir que Pemex renueve permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el uso de explosivos en labores de explotación o exploración de hidrocarburos en esa región.
La paraestatal remitió un oficio en el que solicitó el visto bueno de los ayuntamientos de la Huasteca para completar un trámite que le permitiría emplear toneladas de “alto explosivo” y cargas de ciclonita en esas actividades, lo que alertó al movimiento que busca impedir la realización de fracking en ese territorio, debido a los severos impactos ambientales que implicaría.
Los ayuntamientos de Xilitla, Tampamolón Corona, San Antonio, Tanlajás y Ciudad Valles han tomado acuerdos para negar a Pemex el sello oficial y firma del alcalde, además de adelantar que no permitirán tampoco cambios de uso de suelo u otros trámites que pudieran abrir la puerta para el empleo de esa técnica en sus municipios.
Desde que se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, el año pasado, activistas por la defensa del territorio y el agua, así como habitantes de la región exhibieron que éste contempla trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en “yacimientos de geología compleja” mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking, en una cuenca que atraviesa por 17 municipios de esa zona en San Luis Potosí.
La comunidad ha buscado involucrar a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para, en primera instancia, impedir que Pemex realice fracking en la Huasteca y, por último, lograr que la práctica se prohíba definitivamente en todo el país.
Una historia que se repite
El 30 de junio último el alcalde del ayuntamiento del municipio de San Antonio recibió un legajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) para solicitar “su firma y sello de conformidad” en un documento que, a su vez, la paraestatal entregaría a la Sedena con el objetivo de mantener actualizado un permiso “para la utilización de material explosivo dentro de la jurisdicción municipal”.
En el expediente se establece que el permiso tendrá vigencia entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2026 y que autoriza a Pemex para la compra y uso de 190 toneladas de “alto explosivo” y mil cargas de “ciclonita” además de otros aditamentos, los cuales se consumirían en trabajos de exploración y explotación en dos campos petroleros en los municipios de Tanlajás, Ébano y San Antonio.
También se mencionan trabajos de exploración en dos asignaciones ubicadas en los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
Rogel del Rosal, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) y de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP), recuerda que en 2018 Pemex realizó exactamente las mismas gestiones en el marco del “Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, el cual se impulsó en el sexenio de Enrique Peña Nieto para abrir el sector petrolero a la inversión privada y, en consecuencia, al uso de fracking.
En aquel momento, recuerda Del Rosal, el permiso y el propio plan quinquenal perdieron vigencia debido a la prohibición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para el empleo de esa técnica de extracción de hidrocarburos durante todo su sexenio.
Posición de Pemex
En un comunicado de prensa, publicado el 11 de julio último, Pemex negó realizar gestiones para comenzar con trabajos de fracturación hidráulica en la Huasteca potosina.
La petrolera reconoció haber enviado un oficio al ayuntamiento de San Antonio “relativo al uso de material explosivo”, pero aseguró que eso no implica necesariamente “el inicio de este tipo de operaciones”.
“Es importante precisar que los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales (fracking), no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas”, agrega el comunicado.
Indicaron que la medida es preventiva y que es necesario contar con el permiso vigente “en caso de que resulte necesario su empleo (de explosivos) en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica”.
En ese sentido, el comunicado reconoce que podrían realizarse intervenciones en siete pozos que ya existen en Ébano, San Antonio y Tanlajás; pero omite mencionar que la autorización también permitiría emplear los explosivos para realizar trabajos de exploración en las asignaciones AE-0391-M-Ébano y AE-0392-M-Pánuco, ubicadas en los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
Estrategia exploratoria
De acuerdo con el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, uno de sus objetivos es “incrementar la incorporación de reservas para mantener una relación reserva/producción de al menos 10 años”, para lo cual se planea reactivar “la evaluación de yacimientos de geología compleja (para los que se emplearíafracking) y áreas frontera mediante esquemas contractuales que permitan la participación de inversión privada”.
Una de las claves para la exploración de esa clase de yacimientos es la adquisición de información sísmica (a la que hace referencia el comunicado de Pemex), la cual permite a la paraestatal tener mayor claridad sobre las características del suelo a mayor profundidad.
De hecho, como parte del plan, Pemex desarrolla un “programa de adquisición sísmica 2025-2032” con tres áreas de enfoque, una de las cuales es precisamente identificar nuevos yacimientos de geología compleja al norte de la cuenca Tampico-Misantla.
Llamado de los habitantes
“Los distintos órdenes de gobierno tienen que actuar. No sólo dejarles la responsabilidad a las comunidades”, considera Rogel del Rosal y agrega que las autoridades federales y estatales han mostrado pasividad para rechazar e impulsar acciones concretas para prohibir el fracking.
Aunque Pemex sólo reconoce el oficio enviado al ayuntamiento de San Antonio (el cual fue consultado por este medio) para el uso de explosivos, Del Rosal no descarta que los 17 ayuntamientos que se verían afectados lo hayan recibido también.
Por eso, la CAAHP ha buscado que todas las autoridades municipales fijen una posición oficial contra el fracking, algo que ya han hecho los ayuntamientos de Tanlajás, Xilitla, Ciudad Valles, San Antonio y Tampamolón Corona, donde ya se han tomado acuerdos de Cabildo para no permitir actividades que directa o indirectamente faciliten el camino a la exploración y extracción de hidrocarburos en los ahora denominados “yacimientos de geología compleja”.
Otros gobiernos municipales como Matlapa, Axtla de Terrazas, Tamuín, Huehuetlán, Coxcatlán y Aquismón han mostrado disposición para tomar acciones similares y desde la Contraloría se ha hecho el llamado a los alcaldes de Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tanquián, Tancanhuitz, Tampacán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale para que “no se queden atrás”.
También el Congreso local tiene pendientes con el movimiento, pues en abril de este año se presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que realice una reforma constitucional que prohíba el fracking en México, el cual no se ha analizado en comisiones ni votado en el Pleno