MÉXICO.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ordenó la comparecencia del gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, para que responda a las acusaciones por desvíos de recursos públicos y peculado, que integran la solicitud de juicio político en su contra.
El gobernador emenado de Movimiento Ciudadano está citado para el 23 de junio a las 16:00 horas.
La dirigencia estatal de Morena lo acusa de desviar más de 2 mil millones de pesos del erario, que fueron a parar a despachos propiedad de su familia.
Armida Serrato, diputada del PRI y presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que García Sepúlveda puede acudir de forma presencial o a través de su defensa jurídica para presentar sus alegatos y pruebas a favor.
El lunes 9 de junio, dirigentes y diputados de Morena presentaron al Poder Ejecutivo estatal la solicitud de juicio político contra el mandatario neolonés, la cual fue turnada por la Comisión Permanente, en calidad de urgente, a la de Comisión Anticorrupción.
En sesión de este órgano legislativo, este viernes se leyó el expediente 21537/77, en el que se detallaron las supuestas triangulaciones financieras con las cuales desde el 2022, primer año de administración de Samuel García, empezó el presunto desfalco a las arcas estatales.
Los recursos económicos, gran parte de los cuales fueron a parar a despachos propiedad del mandatario y su padre, Samuel García Mascorro y otros familiares y socios, están “plenamente identificados desde las cuentas de origen del gobierno hacia despachos fiscales y empresas donde él es socio”.
Aunque fue uno de los promoventes del juicio político, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Soto, junto con el también legislador guinda Rogelio Montemayor, no acudieron a la sesión de la Comisión Anticorrupción.
Al existir quorum, el dictamen de procedencia del juicio y la orden de competencia del gobernador se aprobó por mayoría de siete votos, contra uno emitido en contra por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pamanes.
La legisladora emecista argumentó que el procedimiento, el cual requerirá cuando menos de 28 votos de los 42 que integran el Congreso para destituir y desaforar al Ejecutivo estatal, está viciado de origen y puede ser impugnado en juzgados federales.