MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la solicitud de detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales presentada por Estados Unidos carece de motivos de urgencia y no está acompañada de las pruebas necesarias para proceder, informó este viernes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, señaló Jiménez, quien es el responsable del área de extradiciones dentro de la FGR.
El funcionario agregó que, en una primera revisión del pedimento, “no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.
Ante esa situación, la FGR enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar a la autoridad requirente —el gobierno de Estados Unidos— todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios, a través de los canales que garanticen la confidencialidad de la información. Solo una vez recibida esa documentación, la institución fijará un posicionamiento de carácter institucional.
Jiménez también advirtió que la difusión pública de la información contenida en el pedimento “pone en riesgo el debido proceso”, en alusión a la filtración del caso antes de que las autoridades mexicanas fueran notificadas formalmente por la vía diplomática establecida en el tratado bilateral de extradición.
La postura de la FGR coincide con la expresada días antes por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya había anunciado un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se dio a conocer la acusación, al señalar que los tratados vigentes contemplan provisiones específicas de confidencialidad para este tipo de procedimientos.
La acusación fue revelada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que imputa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses —entre ellos un senador, un alcalde y varios exmandos policiales— por conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.