Ante la ausencia del Estado mexicano para atender a hijos e hijas de víctimas de desaparición, Tejiendo Redes Infancia estimó que la población que podría estar siendo afectada serían 165 mil personas.
En víspera de la conmemoración este 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización dedicada la defensa de niñas, niños y adolescentes, presentó el informe “Hijas e Hijos de personas desaparecidas en México. Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes”, para establecer un cálculo hipotético de la dimensión de la afectación a posibles descendientes de personas desaparecidas en México, país que supera las 135 mil víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, destacó que lo primero que descubrió la organización en la investigación para elaborar el informe es que “no hay datos oficiales” sobre los hijos e hijas de las personas desaparecidas.
“La estimación que hacemos hace visible una gran omisión estatal y que ese es el principal hallazgo, que el Estado mexicano no protege ni identifica a miles de hijas y personas desaparecidas”, puntualizó el defensor durante la presentación del documento.
Durante la presentación del informe, Pérez García explicó que, para calcular los 165 mil hijos e hijas de personas desaparecidas, la organización recurrió a la metodología del Imperial College para estimar la orfandad que dejó la pandemia por el covid-19 que se publicó en la revista The Lancet en 2021, estudio al que se le dio seguimiento hasta 2023.
Esa metodología considera que la edad de fertilidad de las personas es de los 15 a los 49 años, y que en ese rango habría una tasa de fecundidad de 1.6 hijas e hijos, estimación que coincide con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023.
De acuerdo con esa metodología y con base a los datos del RNPDNO, a las cero horas del 27 de agosto pasado, se tenían registradas 103 mil 76 personas desaparecidas en el rango de edades de 15 a 49 años, por lo que al multiplicarlos por la tasa de fecundidad se obtiene una aproximación de 165 081.6 mil y al ajustarlo significaría “cerca de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo” de personas desaparecidas.
“Es muy importante insistir que esta cifra no es opcional, no estamos diciendo números exactos sino estamos dando un alcance, obviamente, reitero, el mayor hallazgo de esta estimación desde 2023 es que el Estado mexicano sigue invisibilizando a los hijos e hijas de personas desaparecidas”, apuntó el defensor.
Insistió en que la estimación refleja el “potencial de la magnitud” de personas que estarían siendo afectadas por la desaparición de personas en el rango de edad de 15 a 49 años, sin que se afirme que “todas las 103 mil 176 personas sean padres o madres y obviamente tampoco nos permite sostener que estos 165 mil posiblemente sean o sigan siendo niños, niñas o adolescentes”.
Agregó que “el objetivo es insistir en que es obligación del Estado aportar datos oficiales sobre esto que implica a miles de niños, niñas y adolescentes”, considerando que el tema de las desapariciones en México serán motivo de análisis en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de que este año el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) solicitó al secretario general del organismo multilateral someter esta situación a discusión de los miembros, en busca de apoyar al país en la atención de la crisis.
En el informe se asienta que la omisión del Estado sobre el número de hijos e hijas de las personas desaparecidas es “especialmente grave porque la desaparición de una persona modifica la dinámica de cuidados, ingreso económico, escuela, salud, seguridad, identidad y proyecto de vida”.
El documento retomó una consideración el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de 2013 que reconoce que “las niñas y los niños son víctimas cuando desaparece su madre, padre, persona tutora u otro familiar, y que los efectos pueden continuar después de cumplir 18 años”, de ahí que “la categoría hijos e hijas de personas desaparecidas reconoce esa continuidad y evita restringir la respuesta a quienes actualmente tienen menos de 18 años”.
En la presentación, Pérez García destacó que las comisiones de búsqueda estatales y la nacional, no incluyen en sus registros las relaciones familiares de las personas desaparecidas, en tanto que las comisiones de víctimas atienden a esta población “como efecto secundario” de las desapariciones, “pero no lo atienden como un tema intencionado”.
Es más, contó que siendo el DIF el que está a cargo de las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, y que tendría que atender la restitución de derechos, “están literalmente ausentes”, en tanto que para los hijos e hijas de las personas desaparecidas “la respuesta que tienen las escuelas, las secretarías de salud y las distintas instituciones es aislada, fragmentada y se falla terriblemente al principio de vida e integridad” de esta población.
Para el defensor, el tema de la atención de los hijos e hijas de las personas desaparecidas podría ser abordado en la revisión que se hará de la situación de la crisis de desapariciones en México por la Asamblea Geneal de la ONU, como lo solicitó el CED.
Ante la inminente discusión del caso mexicano en la Asamblea General de la ONU, añadió que Tejiendo Redes Infancia busca que con su informe se tome en serio la situación que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes.
“El llamado es que, ante esta gran oportunidad, el Estado mexicano deje de negar la realidad y particularmente supere el silencio adultocéntrico que afecta a niños, niñas y adolescentes en este tema y que pueda pasar de este silencio y la invisibilidad al claro reconocimiento de su existencia y de lo que esto representa”, puntualizó Juan Martín Pérez García.