CAMARGO.- La Asesor Legal del Gobierno Municipal de Camargo, la reconocida abogada Rosalinda Yepson Orozco, preciso algunos detalles sobre la investigación que se están llevando a cabo al interior del mismo municipio de Camargo.
“Estamos siendo muy cuidadosos en cómo comunicarles a ustedes las inconsistencias que se han encontrado en esta auditoría, porque hablamos de falta de documentos, estamos hablando de una falta de soporte; hasta que no conozcamos nosotros si esos documentos realmente no existen o realmente se los llevaron a sus casas en vez de dejarlos en el cajón correcto, no podemos hablar de responsabilidades y de señalar nombres de las personas que efectivamente cometieron esos actos y mucho menos podemos calificarlo todavía como un delito”, informó.
Aseguro que en estos momentos la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos en conjunto con el Código Municipal de Camargo serán los que rijan en esta investigación donde hacen falta documentos comprobatorios de 23 millones de pesos gastados en la administración de Jesús José Sáenz Gabaldón.
“Hablamos de responsabilidades administrativas y en este caso es precisamente el cabildo que habrá de tomar acciones formales de una omisión investigadora que escuchen en declaración a los ex funcionarios que sean menester llamar para garantizar a ellos, no solamente su garantía de audiencia sino la posibilidad de que esas personas o funcionarios de menor nivel que tengan documentos o información que nos lleve a aclarar todas estas galimatías que nos explicó la tesorera y pueda tener un buen fin”, manifestó la asesor legal del municipio.
Añadió que hasta que la investigación de carácter administrativo y las sanciones correspondientes se apliquen por parte de cabildo, no se podrá hablar de un delito, sin embargo, afirmó que ya se puede hablar de una comisión de un delito en la retención de impuestos y no pagarlos ante el SAT o la Secretaria de Hacienda de gobierno del Estado.
“Esto no es una cacería de brujas no una venganza, es un trabajo profesional documentado, que precisamente se llevó más tiempo del que se hubiera querido, buscando precisamente esos documentos para entregarles a ustedes el mejor resultado. Las acciones legales son muy simples, vamos a encontrar responsabilidades administrativas y la misma ley provee las sanciones al igual que el código municipal como una amonestación, una inhabilitación para el ejercicio público o un despido en caso de que el funcionario siga en su actividad”, enfatizó la abogada Rosalinda Yepson.
Afirmó que si hay delito, se hará las denuncias correspondientes, siendo la Fiscalía General del Estado la que informo el tipo de delito y el presunto responsable, toda vez que el municipio no puede deslindar responsabilidades.
Finalizó confirmando que una vez que se agoten la situación administrativa, de carácter penal y la nueva auditoría solicita al H. Congreso del Estado, se podrá hablar de cuestiones de carácter civil para responsabilizar a quiñes hayan quebrantado el patrimonio municipal.
“Yo no acuso a nadie ni a nada, yo lo único que esto diciendo es exactamente lo que los auditores están manifestándonos en los resultados”, concluyó el Alcalde Arturo Zubia Fernandez en su participación.
