CHIHUAHUA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) contrató por segunda vez a la empresa Neolinx de México, la cual está vinculada en la venta de software especializado para espionaje.
El contrato fue realizado bajo la modalidad de adjudicación directa el 20 de junio de 2018 para la compra de un equipo de comunicación y telecomunicación. Sin embargo, la FGE censuró los detalles acerca de qué clase de equipo adquirió por la suma de 4 millones 176 mil pesos más impuestos.
Es decir, la dependencia respondió que datos contenidos en el contrato con Neolinx de México era información reservada, cuya difusión podría “comprometer la seguridad pública” y correría el riesgo de obstruir “la prevención o persecución de delitos”.
Por ello, la FGE ordenó la clasificación del documento entero por un período de cinco años, como lo ordenó anteriormente con un contrato celebrado en 2017, con número de folio: SH/ADE/038/2017, por la compra de software que permitía el espionaje a celulares por medio de geolocalización en tiempo real.
Pese a esto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua publicó un archivo de 205 páginas disponible en Internet, titulado “Informe estatal de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018”.
En el documento se encuentra escrito el folio del contrato más reciente que la FGE firmó con Neolinx de México (SH/ADE/038/2018), el cual está contenido en el apartado de “bienes muebles, inmuebles e intangibles”.
El concepto del servicio contraído con la empresa también está censurado, aunque sólo digitalmente, ya que al seleccionar el texto, el cual está cubierto por un recuadro negro para “censurarlo”, el texto puede ser seleccionado, copiado y pegado.
Lo que el contenido “censurado” en el documento reza es: “Rastreador y/o Localizador”.
En este segundo contrato con Neolinx de México, con número de folio SH/ADE/038/2018, se clasificó información que revele o permita establecer las características o especificaciones técnicas, tecnológicas y detalles del equipo comprado.
El Comité de Transparencia de la FGE también ordenó clasificar información respecto a los datos personales e información de naturaleza confidencial de Neolinx como firmas, nombres, escrituras públicas o fechas.
En la primera cláusula de este contrato, la descripción completa del servicio que ofrece Neolinx está censurada, y se detalla que la cantidad de equipos es sólo una.
El contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el día en que el Gobierno del Estado haga constar la entrega total del equipo.
El documento fue firmado por César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado; Guillermo Alberto Luján Peña, subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda José Arturo Rodríguez Castillos, director de Control de Recursos Federales y encargado del despacho del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Las firmas y nombres del responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato y del representante legal de Neolinx de México fueron censurados.
Por otro lado, la empresa contratada no aparece en el padrón de proveedores del estado de Chihuahua en el año 2018.
En mayo de 2017 la FGE efectuó un mismo contrato con Neolinx de México por la cantidad de 2 millones 699 mil 900 pesos en la compra de un equipo de “localización y rastreo de teléfonos celulares”.
A pesar que la FGE también clasificó parcialmente el contrato de 2017 para no revelar información que muestre las características y especificaciones técnicas del equipo comprado, documentos de la propia Secretaría de Hacienda que El Diario posee, indicaron que, efectivamente, se trataba de la compra de software para el servicio de geolocalización.
Aunque Neolinx ofrece la venta del servicio de espionaje, no son quienes desarrollan el software de geolocalización en tiempo real.
De acuerdo con la organización por los derechos digitales R3D, en su estudio “El estado de la vigilancia: fuera de control”, Neolinx ha fungido como empresa intermediaria de la firma italiana de programadores Hacking Team, quien ha comercializado sus servicios con los gobiernos de otras entidades como Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán; al igual que con dependencias federales tales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) e incluso Pemex.
En su sitio web, Hacking Team se anuncia a sí misma como: “El paquete de hackeo para intercepción gubernamental. Creemos que la lucha contra el crimen debería ser fácil: nosotros proveemos tecnología contundente, efectiva y fácil de usar a las comunidades de inteligencia y al cumplimiento de la ley en todo el mundo”.
El 5 de julio de 2015, una gran cantidad de correos electrónicos y documentos contenidos en los archivos de Hacking Team habían sido filtrados al público a través de Twitter.
En ellos se reveló que México había sido el comprador más grande en el mundo de malware para la intervención de las comunicaciones de sus ciudadanos. La suma de los pagos por la venta del servicio de espionaje sumó un total de 5 millones 808 mil 875 euros (alrededor de 104.5 millones de pesos en aquel año).
