FGR desmantela “El Caballito”, una red de lavado de dinero y venta de facturas

Ocho personas fueron detenidas en los cateos de 30 inmuebles de siete estados del país, informó Ulises Lara

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que desmanteló una red dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas denominada “El Caballito”, hay ocho detenidos.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, indicó que la red era operada por personas físicas que se dedicaban a diseñar y comercializar mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

“Constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”, señaló.

“Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de misión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública”.

Añadió que, como parte de las diligencias, fueron cateados 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila en los que fueron detenidas ocho personas.

Se trata de Maikol “N”, Salvador “N”, posibles líderes, así como Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, posibles integrantes del “Caballito”.

“Se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas”, detalló Lara.

”Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal”.


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